La minería ilegal volvió a expandirse con fuerza dentro de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, donde imágenes satelitales revelaron la destrucción de más de 500 hectáreas de bosque amazónico en los últimos meses, pese a los operativos realizados por las autoridades.

El monitoreo fue elaborado por la organización Conservación Amazónica (ACCA) a través del reporte MAAP #241, que advierte una acelerada reactivación de la extracción ilegal de oro durante el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026.

El informe señala que la mayor expansión se concentra en la zona norte de la reserva, especialmente cerca del río Malinowski, considerado uno de los principales corredores utilizados por redes de minería ilegal.

Las imágenes satelitales identificaron 183 infraestructuras mineras activas, 67 campamentos ilegales y cinco núcleos de operación dentro del área natural protegida. Según las estimaciones de los especialistas, alrededor de mil personas estarían involucradas actualmente en estas actividades ilícitas.

Entre las zonas más afectadas figura Isla Córdoba, con 106 hectáreas deforestadas y presencia de decenas de estructuras ilegales. También destacan los sectores A4 e Isla Correntada, donde se detectaron nuevas pozas, campamentos y maquinaria pesada utilizada para la extracción de oro.

El reporte advierte además que la minería ilegal avanza peligrosamente cerca de puestos de control y vigilancia del Estado, como Otorongo, Azul y Yarinal, lo que evidencia las limitaciones de la respuesta estatal frente al avance de las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad.

Aunque entre enero y marzo de este año la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron operativos para destruir combustible, motores y campamentos ilegales, el monitoreo posterior confirmó que las redes mineras se reorganizaron rápidamente y continuaron expandiéndose en la reserva.

Para los especialistas, la situación representa una grave amenaza para uno de los ecosistemas más importantes de la Amazonía peruana, debido al impacto ambiental generado por la deforestación, la contaminación de ríos y la pérdida de biodiversidad.

Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de ACCA, alertó que el avance de estas actividades ilícitas también incrementa el riesgo para guardaparques y personal encargado de proteger la reserva, debido a la cercanía de los campamentos ilegales con las zonas de vigilancia estatal.