Aunque el Perú registró en 2025 la mayor reducción anual de pobreza en más de una década, el país aún arrastra las secuelas económicas y sociales dejadas por la pandemia. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la pobreza monetaria afectó a casi 9 millones de personas el año pasado, evidenciando que la recuperación económica todavía no logra devolver al país a los niveles de bienestar previos al 2020.

LA PRIORIDAD ES LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

El informe del IPE revela que la tasa de pobreza disminuyó de 27.6% en 2024 a 25.7% en 2025. Esto significa que aproximadamente 564 mil peruanos dejaron de ser pobres durante el último año, impulsados principalmente por el crecimiento de la inversión privada, el aumento del empleo formal y una inflación moderada que permitió recuperar parte del poder adquisitivo de las familias.

Sin embargo, el panorama aún está lejos de ser alentador. Antes de la pandemia, en 2019, la pobreza alcanzaba el 20.2% de la población. Hoy, pese a la mejora registrada, todavía existen 2 millones 348 mil pobres más que hace seis años. De acuerdo con el IPE, el nivel actual de pobreza es comparable al registrado en 2012, lo que refleja más de una década perdida en materia social.

Uno de los cambios más significativos identificados en el estudio es la transformación de la pobreza en un fenómeno predominantemente urbano. Mientras en 2019 las ciudades concentraban el 56.7% de la población pobre, en 2025 esa cifra escaló hasta 74.1%. Actualmente existen casi 2.9 millones más de pobres urbanos que antes de la pandemia.

El caso más evidente es Lima Metropolitana y el Callao. Aunque la pobreza en la capital cayó de 28.2% a 27.2% entre 2024 y 2025, sigue siendo casi el doble del nivel registrado en 2019, cuando se ubicaba en 14.2%. Además, persisten enormes diferencias internas. Distritos agrupados en Lima Centro, como San Isidro, Miraflores y San Borja, registran niveles de pobreza de apenas 12.6%, mientras Lima Este y el Callao superan el 30%, cifras similares a las de regiones históricamente rezagadas como Ayacucho.

El informe también evidencia que la reducción de la pobreza se concentró principalmente en las zonas rurales. En el campo, la tasa cayó de 39.3% a 35.5%. En cambio, en las ciudades pasó de 24.8% a 23.4%, una reducción menor y todavía muy distante del 14.6% prepandemia.

Para el IPE, este fenómeno demuestra que el crecimiento económico reciente no ha beneficiado de manera uniforme a toda la población. Si bien el país experimentó una expansión importante de la inversión privada, que creció 10% durante 2025, y un aumento del empleo formal privado de 6.2%, los efectos aún no son suficientes para cerrar las profundas brechas acumuladas en los últimos años.

A nivel regional, la situación también presenta contrastes preocupantes. En seis regiones del país la pobreza incluso aumentó entre 2024 y 2025: Tumbes, Huancavelica, Ayacucho, Lambayeque, Cusco y Áncash. El caso más alarmante es Tumbes, donde la incidencia de pobreza prácticamente se duplicó respecto al periodo prepandemia, pasando de 13.7% en 2019 a 28.3% en 2024.

En total, 16 de las 25 regiones del Perú aún mantienen niveles de pobreza superiores a los registrados antes de la emergencia sanitaria. Esto evidencia que la recuperación económica no ha sido homogénea y que existen territorios donde la población todavía no logra recuperar sus ingresos ni acceder a mejores oportunidades laborales.

El IPE sostiene que la mejora registrada en 2025 estuvo favorecida por un contexto económico externo positivo. Los altos precios de exportación, especialmente de minerales, generaron mayores ingresos para el país y dinamizaron la actividad económica. Asimismo, la inflación se mantuvo dentro del rango meta del Banco Central de Reserva, permitiendo aliviar la presión sobre los hogares más vulnerables.

No obstante, la institución advierte que estos avances podrían ser insuficientes si el país no recupera una senda sostenida de crecimiento económico. Según el análisis, entre 2005 y 2014, cuando la inversión privada crecía por encima del 10% anual, la pobreza disminuía en promedio 3.6 puntos porcentuales cada año. En contraste, entre 2014 y 2024, la inversión apenas avanzó 1% anual, ritmo que terminó estancando la reducción de la pobreza.

Por ello, el IPE considera que el próximo gobierno deberá colocar la lucha contra la pobreza como una prioridad nacional hacia el 2031. Entre las principales medidas planteadas figuran el destrabe de proyectos de inversión en minería, infraestructura y agroindustria, además de mejorar la predictibilidad regulatoria para atraer capitales y generar empleo formal.

Asimismo, se propone reorientar el gasto público hacia el cierre de brechas sociales, priorizando servicios básicos de calidad, reducción de la anemia infantil y mejora educativa, en lugar de medidas de corto plazo que incrementen la presión fiscal sin resolver problemas estructurales.

Otro de los retos identificados es la necesidad de rediseñar los programas sociales. El IPE señala que muchas políticas públicas aún mantienen un enfoque predominantemente rural, pese a que la pobreza hoy se concentra mayoritariamente en las ciudades. Esto obliga a replantear la focalización y calidad de las ayudas estatales para responder a la nueva realidad urbana.

El informe concluye que, aunque el Perú logró reducir la pobreza en 2025, la recuperación social todavía es frágil y desigual. El crecimiento económico reciente ha permitido aliviar parcialmente la crisis, pero millones de peruanos continúan atrapados en condiciones de vulnerabilidad. La verdadera recuperación, advierte el IPE, dependerá de que el país sea capaz de generar empleo formal sostenible, mejorar la calidad de los servicios públicos y garantizar oportunidades reales de desarrollo para toda la población.