Por: Carlos Meneses

Arequipa no puede acostumbrarse a vivir bajo el miedo. La inseguridad no solo amenaza la vida y el patrimonio de las personas; también golpea la economía, afecta el comercio y deteriora la confianza ciudadana. Las autoridades tienen la obligación de actuar con firmeza y urgencia antes de que la violencia termine por desbordar completamente a la ciudad.

La inseguridad se ha convertido en una de las principales amenazas para la tranquilidad de los arequipeños. Lo que antes eran hechos aislados hoy forma parte de una preocupante rutina marcada por asaltos, sicariato, robos violentos y ataques ejecutados con una organización cada vez más evidente. La delincuencia ha ganado presencia en las calles mientras la respuesta de las autoridades continúa siendo insuficiente frente a una ciudadanía que exige resultados concretos.

El reciente asalto registrado en la avenida Prolongación Dolores, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, evidencia la gravedad del problema. Dos delincuentes armados interceptaron una camioneta y despojaron a un adulto mayor de aproximadamente 60 mil dólares retirados minutos antes de una entidad bancaria. El ataque ocurrió a plena luz del día, en una zona altamente transitada y comercial, lo que demuestra el nivel de impunidad con el que operan estas bandas criminales.

Lo más alarmante es que este hecho no constituye una excepción. En las últimas semanas, Arequipa ha sido escenario de asesinatos, ataques vinculados al sicariato y robos cada vez más violentos. La sensación de inseguridad se ha extendido en distintos distritos y miles de ciudadanos sienten que salir a trabajar, movilizarse o realizar operaciones bancarias implica exponerse a un riesgo permanente.

La criminalidad ha evolucionado y las bandas delictivas actúan con inteligencia y planificación. Los delincuentes realizan seguimientos desde las entidades financieras, identifican movimientos de dinero y ejecutan ataques rápidos utilizando motocicletas para escapar. Frente a ello, el patrullaje tradicional ya no basta. Se necesita inteligencia policial, vigilancia tecnológica y una verdadera articulación entre la Policía, los municipios y el sistema de justicia.

A esta situación se suma la precariedad logística que enfrenta la Policía Nacional del Perú en Arequipa. Más del 40 % de patrulleros permanecen inoperativos y la falta de equipamiento limita seriamente la capacidad de reacción ante emergencias. Mientras tanto, las promesas de reforzar la seguridad siguen atrapadas entre trámites burocráticos y anuncios que no se concretan.

Las medidas de emergencia anunciadas por la Policía no pueden reducirse a operativos temporales o controles improvisados. Se requiere una estrategia integral y sostenida que incluya recuperación de vehículos operativos, control estricto de motocicletas empleadas en delitos, fortalecimiento de inteligencia policial y mayor vigilancia en bancos y centros comerciales.