El Poder Judicial ordenó levantar el secreto de las comunicaciones del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de la investigación preliminar que sigue el Ministerio Público por el denominado caso Ícaro o El Dorado, vinculado a un presunto esquema de corrupción relacionado con el control de una mina en Ayacucho.

La medida fue dispuesta por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado en parte el requerimiento presentado por la Fiscalía de la Nación el pasado 1 de abril. La resolución también alcanza a Percy Tenorio, Marco Palacios, Yessenia de la Cruz, Julissa Lores, Gregorio Villalón, Franco Parodi y Gianfranco Meza, considerados terceros afectados dentro de la investigación.

Según la resolución emitida el 12 de mayo, las empresas operadoras de telecomunicaciones deberán remitir a la Fiscalía información relacionada con líneas telefónicas fijas y celulares que estén o hayan estado registradas a nombre de los investigados entre el 16 de mayo de 2024 y el 24 de marzo de 2025.

La información requerida incluye llamadas entrantes y salientes, registros IMEI e IMSI, duración de comunicaciones, ubicación de antenas, desplazamientos, así como mensajes de texto y multimedia considerados relevantes para el desarrollo de la investigación fiscal.

El Ministerio Público investiga presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, peculado de uso y acceso ilícito en agravio del Estado.

No obstante, el magistrado declaró infundado el pedido fiscal para levantar el secreto de las comunicaciones de Máximo Ramírez e Yber Torres, también considerados terceros afectados en el caso.

El juez Checkley precisó que toda la información obtenida deberá ser utilizada exclusivamente para los fines de la investigación, bajo responsabilidad funcional de las autoridades encargadas del proceso.

El caso Ícaro cobró notoriedad pública tras el operativo ejecutado por la Fiscalía en agosto pasado, que incluyó allanamientos a inmuebles vinculados a Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, así como a Franco Parodi y abogados relacionados con el estudio jurídico de Santiváñez.

Las diligencias forman parte de las investigaciones fiscales orientadas a determinar la existencia de una presunta red de corrupción vinculada a actividades mineras y presuntos favorecimientos irregulares