Escolares en Socabaya no cuentan con condiciones básicas para estudiar.

La UGEL Arequipa Sur informó que la nueva infraestructura de la institución educativa Felipe Santiago Salaverry, en Socabaya, aún no puede ser entregada por problemas de saneamiento vinculados a pagos pendientes de servicios básicos. La situación también alcanza a otros 14 colegios y compromete una deuda aproximada de S/ 120 mil.

La entrega de la nueva infraestructura de la institución educativa Felipe Santiago Salaverry, ubicada en Socabaya, continúa entrampada por una deuda pendiente con Sedapar, situación que impide culminar el proceso administrativo para habilitar plenamente el plantel. El director de la UGEL Arequipa Sur, Fernando Polanco, informó que el problema proviene de años anteriores y estaría relacionado con obligaciones no regularizadas durante la ejecución de la obra.

El caso mantiene en incertidumbre a la comunidad educativa, que desde hace meses reclama el retorno de los escolares a su local renovado. Padres de familia ya habían protestado frente a la Municipalidad Distrital de Socabaya para exigir la entrega del colegio, mientras los alumnos continúan en ambientes provisionales que consideran inadecuados para el desarrollo normal de clases.

Según Polanco, la empresa encargada de la construcción debió entregar la infraestructura completamente saneada, con los servicios básicos regularizados y sin cargas pendientes. Sin embargo, ese proceso no se habría cumplido en su totalidad, generando una controversia administrativa que ahora retrasa el uso de una obra esperada por estudiantes, docentes y padres de familia.

El funcionario precisó que la UGEL Sur no puede asumir automáticamente una deuda que, según explicó, correspondería a la empresa que ejecutó los trabajos. “Cuando una empresa se hace cargo de una obra, también es responsable del pago de los servicios durante la ejecución”, sostuvo al explicar que la entidad educativa busca una salida formal al problema.

La UGEL Arequipa Sur informó que un equipo administrativo sostuvo reuniones con representantes de la Municipalidad de Socabaya y de la empresa prestadora del servicio para revisar los montos y establecer una ruta de solución. Polanco indicó que el monto exacto de la deuda del colegio aún no está definido, debido a que se trataría de varios pagos acumulados durante años.

Pese al entrampamiento, la UGEL aseguró que el colegio mantiene actualmente los servicios de agua y electricidad, con el objetivo de no afectar directamente a los estudiantes. No obstante, el problema de fondo sigue siendo la regularización pendiente, condición necesaria para cerrar el proceso de entrega y permitir el funcionamiento pleno de la nueva infraestructura.

El caso Salaverry no es aislado. Polanco reveló que al menos 14 instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL Sur enfrentan dificultades similares por pagos pendientes de servicios básicos. La deuda acumulada asciende aproximadamente a S/ 120 mil, aunque el monto varía porque algunos colegios regularizan sus pagos de manera progresiva.

La institución educativa Felipe Santiago Salaverry, identificada oficialmente como I.E. N.° 40197, pertenece al distrito de Socabaya y brinda servicio educativo en los niveles de primaria y secundaria. Su situación genera preocupación porque el retraso no solo tiene impacto administrativo, sino también social, al prolongar el uso de espacios temporales mientras una infraestructura terminada permanece sin ser utilizada plenamente.

Como parte de las medidas complementarias, la UGEL Sur también coordina el traslado de aulas prefabricadas disponibles hacia las instituciones educativas Simón Bolívar y José Olaya. Según Polanco, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero asumirá el desarmado, transporte y reinstalación de esos módulos, debido a que la UGEL no cuenta con recursos suficientes para cubrir ese procedimiento.

La demora en la entrega del colegio Salaverry expone una falla recurrente en la ejecución de obras educativas: proyectos concluidos físicamente, pero retenidos por trámites, deudas o servicios no saneados. Mientras las entidades coordinan una solución, la comunidad escolar exige que la regularización no se prolongue más y que el retorno de los estudiantes a su plantel tenga una fecha cierta, verificable y cumplida.