La Fiscalía de la Nación archivó la investigación preliminar seguida contra la expresidenta Dina Boluarte por el presunto delito de falsedad genérica en agravio del Estado, en el marco del denominado caso “Cirugías”.

La decisión fue adoptada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, mediante una disposición emitida el pasado 30 de marzo, en la que concluyó que no existen indicios suficientes para formular una denuncia constitucional contra la exmandataria ante el Congreso de la República.

Boluarte era investigada por presuntamente haber simulado la autenticidad de su firma en normas oficiales emitidas entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en el que supuestamente se encontraba imposibilitada físicamente debido a una intervención médica.

Sin embargo, tras las diligencias realizadas, la Fiscalía determinó técnicamente que las firmas consignadas en los documentos oficiales sí correspondían a la entonces presidenta de la República. En ese contexto, el Ministerio Público concluyó que no se acreditaron los elementos del delito de falsedad genérica contemplado en el artículo 438 del Código Penal.

“…No existen indicios reveladores que justifiquen promover una denuncia constitucional”, señala la resolución fiscal difundida por diversos medios nacionales.

La información fue dada a conocer públicamente por Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, quien sostuvo que la disposición fiscal confirma que la exmandataria actuó dentro del marco legal y respetando los principios de transparencia y probidad.

“El archivo reafirma que la presidenta actuó siempre dentro de los cánones éticos y de legalidad al servicio del país”, indicó el letrado a través de sus redes sociales.

Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022, luego de la vacancia de Pedro Castillo. Permaneció en el cargo hasta octubre de 2025, cuando fue vacada por el Congreso.

Pese al archivamiento de este caso, la exjefa de Estado continúa afrontando otras investigaciones fiscales relacionadas con presuntos delitos de lavado de activos y decisiones adoptadas durante su gestión gubernamental.