A pesar de que los municipios están obligados a destinar 0.5% de su presupuesto para mejorar la accesibilidad de la infraestructura pública para las personas con discapacidad, casi el 100% de los gobiernos locales en Arequipa incumplen las condiciones exigidas. Desde la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social (GRDIS) advirtieron que esta deficiencia se observa en los propios palacios municipales que carecen de accesos adecuados.

La Ley N.° 32139 obliga a los gobiernos locales y regionales a asignar el 1 % de su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para acciones dirigidas a las personas con discapacidad. La norma establece que el 0,5 % debe invertirse en obras y adecuaciones de accesibilidad urbana. Sin embargo, en Arequipa casi la totalidad de gobiernos locales no usan dicho presupuesto para financiar obras de accesibilidad. Al punto de que los propios palacios municipales no cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Al respecto, Fernando Isuiza Prado, titular de la GRDIS, precisó que la existencia de rampas u otras adecuaciones básicas no garantiza el cumplimiento, dado que se exigen estándares técnicos específicos para asegurar el desplazamiento de las personas con discapacidad. “En Arequipa estamos muy bajos en cumplimiento. La normativa se ha modificado. Ahora hay criterios técnicos como la anchura de los ingresos o la inclinación de las rampas. Es un aspecto en el que todos deben trabajar”, señaló.

Entre los requisitos obligatorios figuran rampas con pendientes adecuadas y pasamanos, pisos podotáctiles para personas con discapacidad visual, puertas accesibles, módulos de atención adaptados, servicios higiénicos acondicionados, estacionamientos reservados y señalización universal. Asimismo, los municipios que brindan atención al público en pisos superiores deben contar con ascensores equipados con señalización en Braille y sistemas de orientación sonora.

Frente a estas brechas, la GRDIS formula una iniciativa que permita financiar proyectos de accesibilidad en los gobiernos locales. Aunque las bases están aún en formulación, el financiamiento estará dirigido a las municipalidades que participan en el programa Sello Regional, iniciativa a la que actualmente se encuentran inscritos 80 de los 109 distritos de la región. La medida busca acelerar la adecuación de la infraestructura pública y promover el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación vigente en materia de inclusión.