Según la ONPE, solo el 15,41% de los votos emitidos en Arequipa fueron para Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, o Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Por ello, la mayoría de arequipeños deberá elegir en segunda vuelta entre opciones que no fueron sus primeras alternativas. Esto hace aún más importante evaluar no solo quién promete más, sino quién ofrece mayor coherencia, credibilidad y capacidad real de cumplir.

El próximo gobierno tendrá que enfrentar varios desafíos al mismo tiempo: dinamizar el crecimiento económico, reducir la pobreza, preservar la disciplina fiscal y acelerar inversión pública de calidad. Para Arequipa, ese equilibrio es fundamental. El crecimiento económico es clave para reducir la pobreza porque permite generar más empleo, mejores ingresos y mayor dinamismo productivo. Si bien la pobreza en la región se redujo de 15,8% en 2024 a 12,8% en 2025, todavía se mantiene lejos de niveles como los de 2014, cuando alcanzó apenas 7,8%.

Sin embargo, crecer también exige mantener disciplina fiscal. Un Estado que gasta más de lo que puede financiar de manera sostenible termina elevando el déficit y la deuda, reduciendo la confianza y limitando el espacio para invertir en seguridad, salud, educación e infraestructura. En esa línea, durante el debate técnico del 24 de mayo, ambos equipos coincidieron en la meta de converger hacia un déficit fiscal de 1% del PBI. Pero para lograrlo no bastan las declaraciones: será necesario optimizar el gasto público y evitar promesas electorales que generen nuevos desbalances fiscales.

Por ello, una señal mínima de consistencia debería ser que las bancadas de ambos partidos dejen de respaldar leyes con impacto fiscal adverso. Entre agosto de 2021 y marzo de 2026 se promulgaron 287 leyes de este tipo, casi tres veces lo aprobado en el quinquenio anterior. El problema no es solo el número de normas, sino su contenido: muchas generan gasto rígido en remuneraciones, pensiones, beneficios laborales o nuevas obligaciones del Estado, reduciendo el margen presupuestal de los próximos años. Si ambos partidos realmente defienden la disciplina fiscal, sus bancadas deben actuar en consecuencia. Además, quien llegue al gobierno deberá evaluar acciones para cuestionar la constitucionalidad de aquellas leyes que vulneren la prohibición de iniciativa de gasto del Congreso, como ha señalado Luis Carranza en representación de Fuerza Popular.

Asimismo, será indispensable preservar la estabilidad macroeconómica, la autonomía del BCRP, el respeto a los contratos y la promoción de la inversión privada, pilares centrales del crecimiento del país. La gestión del BCRP ha contribuido a mantener la inflación bajo control y reducir presiones de volatilidad cambiaria. En ese contexto, cuestionar la continuidad de Julio Velarde —reconocido en distintas oportunidades como uno de los mejores banqueros centrales de América— genera dudas sobre la posición de Juntos por el Perú frente a una política monetaria que ha sido valorada por sus resultados. A ello se suma la discusión sobre los contratos ley: según una estimación difundida por Gestión, modificarlos o eliminarlos podría afectar alrededor de US$ 32 mil millones en inversiones comprometidas, con un impacto significativo sobre la capacidad del país para atraer inversión.

Finalmente, el país necesita no solo más inversión pública, sino inversión pública de calidad: proyectos bien formulados, ejecutados a tiempo y orientados a cerrar brechas reales en transporte, agua, saneamiento, seguridad e infraestructura productiva. En una región con alto potencial minero, agroexportador, turístico e industrial como Arequipa, cada obra paralizada o mal ejecutada significa menos empleo, menor competitividad y oportunidades perdidas para la población. Por ello, el próximo gobierno deberá demostrar capacidad para destrabar proyectos, priorizar intervenciones de alto impacto y asegurar que cada sol invertido se traduzca en mejores servicios, mayor productividad y bienestar para los arequipeños.