A pocos días de la instalación del nuevo Congreso bicameral, prevista para el 26 de julio, el denominado bono o gasto de instalación de S/ 15 600 por legislador vuelve a generar controversia debido a que el beneficio alcanzaría no solo a los nuevos representantes que llegan desde provincias, sino también a congresistas reelectos y parlamentarios que ya residen en Lima.

La asignación, creada con el propósito de cubrir los gastos iniciales que implica asumir una función parlamentaria en la capital, como traslado, alquiler de vivienda, mudanza y adquisición de bienes básicos, será otorgada a los integrantes del nuevo Parlamento conformado por 130 diputados, 60 senadores y cinco representantes del Parlamento Andino.

Si los 195 representantes recibieran este monto, el desembolso total para el Estado alcanzaría aproximadamente S/ 3 millones 42 mil, provenientes del presupuesto público.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los 20 congresistas reelectos que volverán a ocupar un escaño en el nuevo periodo legislativo. Al haber ejercido funciones anteriormente, muchos ya cuentan con experiencia en el funcionamiento parlamentario y no enfrentarían los mismos gastos de instalación que un legislador que llega por primera vez desde otra región.

Según el análisis difundido, si estos 20 parlamentarios accedieran al beneficio, el gasto representaría alrededor de S/ 312 mil adicionales. Entre los reelectos figuran representantes de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular.

Otro punto de debate involucra a cerca de 50 legisladores que tienen residencia en Lima, quienes tampoco tendrían que trasladarse desde otra región ni asumir gastos de mudanza. En caso de recibir la asignación, el desembolso podría aproximarse a S/ 780 mil.

La discusión se centra en si el beneficio cumple realmente con la finalidad para la cual fue creado. Especialistas sostienen que una asignación destinada a facilitar la instalación de representantes que llegan desde provincias pierde sentido cuando se entrega de manera general, sin evaluar las condiciones de cada parlamentario.

El actual presidente del Congreso y senador electo por Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, señaló que no aceptará este pago, recordando que rechazó una asignación similar cuando ingresó al Parlamento en 2021.

“Yo la rechacé cuando entré al Congreso y lo mismo haré ahora”, afirmó.

Por su parte, el congresista Alejandro Soto consideró que el beneficio debería estar dirigido únicamente a quienes llegan por primera vez al Parlamento y necesitan trasladarse desde otras regiones del país.

Desde el ámbito jurídico, el debate gira alrededor del principio de finalidad del gasto público. Aunque la entrega pueda estar contemplada en una norma, existe cuestionamiento sobre si corresponde utilizar recursos del Estado para cubrir gastos que no se han generado.

La polémica también tiene un componente ético. En un contexto de demandas ciudadanas por mejores servicios de salud, educación, seguridad e infraestructura, el uso de fondos públicos para beneficios considerados innecesarios puede incrementar la percepción de privilegios dentro de la clase política.

El nuevo Congreso deberá definir si mantiene los criterios actuales para la entrega del bono de instalación o establece modificaciones que permitan vincular el beneficio únicamente con los gastos reales que enfrenten los nuevos representantes al asumir sus funciones.