En el Perú, miles de trabajadores inician una relación laboral sin conocer plenamente los derechos que les corresponden desde el primer día de trabajo. Entre ellos, uno de los más importantes es el acceso a la seguridad social, un sistema de protección que permite afrontar contingencias como enfermedades, accidentes de trabajo, maternidad, invalidez, desempleo temporal, jubilación e incluso el fallecimiento del trabajador.

La seguridad social constituye un derecho humano fundamental reconocido por nuestra Constitución y por diversos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Su finalidad es garantizar que toda persona cuente con mecanismos de protección frente a situaciones que puedan afectar su salud, su capacidad de generar ingresos o su calidad de vida. Por ello, el acceso a la seguridad social no debe entenderse como un beneficio otorgado por el empleador, sino como un derecho inherente a toda persona que presta servicios bajo una relación laboral.

¿Qué comprende la seguridad social?

La seguridad social en el Perú comprende diversas prestaciones orientadas a brindar protección integral al trabajador y a su familia. Entre ellas se encuentran la atención médica, hospitalización, medicamentos, subsidios económicos por enfermedad o maternidad, pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia, así como la cobertura frente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Estas prestaciones permiten que los trabajadores cuenten con respaldo económico y acceso a servicios de salud cuando enfrentan situaciones que podrían afectar seriamente su estabilidad personal y familiar. Asimismo, garantizan una protección durante la etapa de jubilación, cuando la persona deja de percibir ingresos provenientes de una actividad laboral.

La afiliación es obligatoria desde el inicio de la relación laboral

Uno de los aspectos más importantes que deben conocer empleadores y trabajadores es que la afiliación a los sistemas de seguridad social es obligatoria desde el inicio de la prestación de servicios.

La legislación peruana establece que el empleador debe registrar al trabajador en el T-Registro y declararlo en la planilla electrónica desde el primer día de labores. Del mismo modo, debe garantizar su afiliación al sistema de salud y al sistema pensionario elegido por el trabajador. Estas obligaciones no dependen de la voluntad del empleador, sino que constituyen deberes legales cuyo incumplimiento puede generar importantes sanciones administrativas.

En materia de salud, el trabajador debe encontrarse afiliado principalmente a EsSalud o, según corresponda, a una Entidad Prestadora de Salud (EPS). Para ello, el empleador debe efectuar mensualmente el aporte equivalente al 9 % de la remuneración del trabajador, monto que es asumido íntegramente por la empresa y no puede ser descontado del salario del trabajador.

Por otro lado, en materia pensionaria, todo trabajador tiene derecho a elegir libremente entre el Sistema Nacional de Pensiones (ONP) y el Sistema Privado de Pensiones (AFP). Una vez realizada dicha elección, el empleador debe registrar la afiliación, efectuar las retenciones correspondientes y realizar oportunamente el pago de los aportes.

La informalidad laboral también afecta el acceso a la seguridad social

Uno de los principales problemas del mercado laboral peruano continúa siendo la informalidad. Cuando un trabajador no es registrado en planilla, no solo deja de percibir beneficios laborales como gratificaciones, vacaciones o compensación por tiempo de servicios, sino que también queda excluido de los sistemas de protección social.

Esta situación puede generar graves consecuencias. Por ejemplo, un trabajador no registrado podría enfrentar dificultades para acceder a atención médica especializada, subsidios por incapacidad temporal o prestaciones económicas derivadas de una enfermedad o accidente. Asimismo, la falta de aportes previsionales afecta directamente la posibilidad de acceder a una pensión en el futuro.

Las consecuencias también alcanzan a los familiares del trabajador, quienes pueden verse privados del acceso a prestaciones de salud y otros beneficios derivados de la afiliación al sistema de seguridad social. Por ello, la formalización laboral constituye un elemento esencial para garantizar la protección efectiva de los derechos de los trabajadores y sus familias.

El rol de la SUNAFIL en la protección de la seguridad social

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) cumple un rol fundamental en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social. Su labor consiste en verificar que los empleadores registren a sus trabajadores, los afilien a los sistemas de salud y pensiones, y cumplan oportunamente con el pago de los aportes correspondientes. Asimismo, desarrolla acciones de orientación y asistencia técnica dirigidas a empleadores y trabajadores, promoviendo una cultura de cumplimiento de la normativa laboral.

La actuación de SUNAFIL no se limita únicamente a la imposición de sanciones. Su finalidad principal es garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y promover relaciones laborales formales, transparentes y sostenibles.

Incumplimientos que generan sanciones

La normativa vigente considera como infracciones muy graves la falta de inscripción de trabajadores en los sistemas de seguridad social en salud o pensiones, así como el incumplimiento en el pago de los aportes retenidos. Dependiendo del número de trabajadores afectados y del régimen empresarial aplicable, las multas pueden alcanzar montos superiores a los S/ 288 000.00.

Estas sanciones reflejan la importancia que el Estado otorga a la protección de la seguridad social y al deber de los empleadores de garantizar que sus trabajadores accedan efectivamente a los beneficios previstos por la ley.

Una responsabilidad compartida

La protección de la seguridad social requiere del compromiso conjunto de empleadores, trabajadores y entidades públicas. Los empleadores deben cumplir con sus obligaciones legales; los trabajadores deben verificar que se encuentren correctamente registrados y afiliados; y el Estado debe continuar fortaleciendo los mecanismos de supervisión y orientación.

Garantizar la seguridad social desde el primer día de trabajo no solo significa cumplir una obligación legal. Significa proteger la salud, la estabilidad económica y el futuro de millones de trabajadores peruanos, contribuyendo al fortalecimiento de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.