El próximo gobierno peruano asumirá el poder en un contexto marcado por múltiples desafíos económicos, institucionales y sociales que pondrán a prueba su capacidad de gestión desde el inicio de su mandato. La necesidad de recuperar el crecimiento económico, reducir la pobreza, fortalecer la inversión privada y enfrentar el deterioro institucional fueron algunos de los principales temas analizados durante el seminario virtual “Antes de votar: propuestas, riesgos y prioridades”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

PARA RECUPERAR CRECIMIENTO Y EMPLEO

En el evento participaron Carlos Gallardo, gerente general del IPE; Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); y Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas. Los especialistas coincidieron en que el próximo Ejecutivo recibirá un país con limitaciones fiscales, debilitamiento institucional, incremento de la inseguridad ciudadana y expansión de las economías ilegales, factores que podrían dificultar la recuperación económica y la generación de empleo.

Durante su intervención, Carlos Gallardo señaló que una de las principales diferencias entre las propuestas presidenciales de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP) se encuentra en el enfoque respecto al papel de la inversión privada dentro de la economía nacional.

Según explicó, Fuerza Popular plantea que la inversión privada debe continuar siendo uno de los principales motores del crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. En contraste, sostuvo que Juntos por el Perú mantiene propuestas orientadas hacia una mayor intervención estatal en diversos sectores económicos y cambios que podrían afectar la seguridad jurídica.

Gallardo indicó que, aunque algunas propuestas consideradas radicales fueron retiradas o moderadas en el nuevo plan de gobierno de JPP, aún persisten planteamientos vinculados a la revisión del régimen económico de la Constitución, la renegociación de contratos y modificaciones en el sistema de concesiones.

“No hay una moderación en cuanto a inversión privada”, sostuvo el gerente general del IPE, quien consideró que estas propuestas podrían afectar la confianza empresarial y reducir el interés de nuevas inversiones en el país.

Asimismo, manifestó preocupación por algunas iniciativas relacionadas con la actividad minera y el rol empresarial del Estado. Recordó que el candidato Roberto Sánchez mencionó la creación de un “gran banco minero” para la compra estatal de oro, propuesta que, según advirtió, podría generar riesgos vinculados a la minería ilegal.

“Con esta medida, el Estado va a terminar comprando oro ilegal”, afirmó Gallardo, al advertir que el país aún enfrenta serias dificultades para controlar las actividades extractivas ilegales y el lavado de activos provenientes de estas economías ilícitas.

Otro de los aspectos abordados fue el impacto de algunas propuestas laborales y sociales sobre el empleo formal. Gallardo señaló que medidas como el incremento del salario mínimo a S/ 1 500, planteado por JPP, podrían beneficiar únicamente a un sector reducido de trabajadores formales, mientras que al mismo tiempo generarían mayores costos laborales y dificultades para la formalización de pequeñas y medianas empresas.

En esa línea, enfatizó la necesidad de que las políticas laborales consideren la realidad de un país donde más del 70% de trabajadores se encuentran en condición de informalidad.

Por su parte, Roxana Barrantes puso énfasis en la importancia de fortalecer la institucionalidad democrática como condición indispensable para promover el crecimiento económico y atraer inversiones privadas.

La especialista explicó que ningún proceso sostenido de desarrollo puede consolidarse en un entorno caracterizado por la inestabilidad política, el debilitamiento de las instituciones y la falta de seguridad jurídica.

“La inversión necesita reglas claras, respeto al Estado de derecho e independencia de poderes”, sostuvo.

Barrantes también expresó preocupación por la poca claridad existente respecto al financiamiento de numerosas promesas electorales planteadas por los candidatos presidenciales.

“Ninguno deja claro cómo va a financiar esa mayor presencia del Estado”, señaló durante el seminario, al advertir que varias propuestas implican un aumento considerable del gasto público en un contexto donde las finanzas estatales ya presentan limitaciones importantes.

En ese sentido, recordó que el país enfrenta actualmente menores niveles de crecimiento económico y una mayor presión sobre las cuentas fiscales debido al incremento de demandas sociales, necesidades de infraestructura y programas públicos pendientes de ejecución.

La especialista añadió que cualquier política orientada a ampliar la participación estatal debe ir acompañada de mecanismos sostenibles de financiamiento y de una mejora en la capacidad de ejecución del propio Estado.

Luis Miguel Castilla coincidió en que uno de los principales retos del próximo gobierno será recuperar la confianza empresarial y generar condiciones adecuadas para reactivar la inversión privada.

El exministro de Economía señaló que el debate electoral no debería limitarse únicamente a comparar propuestas de campaña, sino también evaluar la capacidad real de los equipos técnicos y políticos para implementar dichas medidas en un contexto complejo.

“Fuerza Popular tiene posibilidad de reclutar mejores cuadros”, afirmó Castilla, al referirse a la importancia de contar con funcionarios capacitados y experiencia técnica para enfrentar los problemas económicos y administrativos que atraviesa el país.

Asimismo, advirtió que el próximo gobierno heredará un escenario marcado por el deterioro institucional acumulado durante los últimos años, además del crecimiento de actividades ilegales vinculadas a la minería informal, narcotráfico y contrabando.

A ello se suma el incremento de la inseguridad ciudadana, problema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y que afecta directamente las condiciones para el desarrollo económico y la inversión.

Castilla expresó además su preocupación por propuestas orientadas a modificar el régimen económico vigente y ampliar significativamente la participación empresarial del Estado.

Indicó que iniciativas relacionadas con la revisión de contratos, cambios en el sistema de concesiones o modificaciones constitucionales podrían afectar seriamente la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.

“Cualquier posibilidad de crecer al 6% pasa por fortalecer la seguridad jurídica”, enfatizó.

El exministro sostuvo también que ambos planes de gobierno contienen una extensa lista de promesas de gasto sin detallar claramente cómo serán financiadas.

“Uno de los grandes dilemas que enfrentan ambas propuestas es cómo financiar el rosario de promesas que han hecho”, advirtió.

En ese contexto, consideró indispensable mantener responsabilidad fiscal y evitar decisiones que puedan comprometer la estabilidad macroeconómica alcanzada por el país durante las últimas décadas.

Los panelistas coincidieron finalmente en que el próximo gobierno necesitará impulsar medidas orientadas a recuperar la confianza empresarial, fortalecer las instituciones democráticas y mejorar las condiciones para la inversión privada, considerada fundamental para generar empleo y reducir la pobreza.

Asimismo, hicieron un llamado a los ciudadanos a evaluar las propuestas presidenciales considerando no solo los ofrecimientos electorales, sino también su viabilidad económica, institucional y fiscal.

Advirtieron que el país enfrenta un momento decisivo y que las decisiones adoptadas durante los próximos años serán determinantes para definir la capacidad del Perú de recuperar crecimiento sostenido, atraer inversiones y mejorar las condiciones de vida de millones de ciudadanos.

En un contexto de desaceleración económica, alta informalidad laboral y creciente desconfianza institucional, los especialistas coincidieron en que el próximo gobierno deberá priorizar la estabilidad, la recuperación de la confianza y el fortalecimiento de las instituciones si busca construir condiciones sostenibles para el desarrollo del país.