El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente una demanda de hábeas corpus presentada a favor del expresidente Martín Vizcarra, recurso con el que se buscaba anular la condena de 14 años de prisión que cumple por el delito de cohecho pasivo propio en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

La resolución del máximo intérprete de la Constitución determina que el recurso constitucional no procede contra resoluciones judiciales que, por sí mismas, no impliquen una restricción directa de la libertad personal.

La demanda fue presentada el 24 de enero de 2025 por Julissa Ricopa Pacaya y tenía como objetivo dejar sin efecto el auto de enjuiciamiento emitido el 30 de abril de 2024 y el auto de citación a juicio oral del 4 de julio del mismo año.

Con ello, la defensa pretendía anular todo el proceso judicial seguido contra el exmandatario, incluyendo la sentencia condenatoria dictada posteriormente por el Poder Judicial.

La acción de garantía alegaba una presunta vulneración de los derechos al debido proceso y a la libertad personal, además de cuestionar una supuesta afectación al principio non bis in idem, garantía constitucional que impide que una persona sea investigada o sancionada más de una vez por los mismos hechos.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional concluyó que las resoluciones cuestionadas correspondían únicamente a actos procesales previos al juicio oral y no constituían medidas que restringieran directamente la libertad de Vizcarra.

“El hábeas corpus resulta inviable”, señala la resolución al precisar que los autos de enjuiciamiento y citación a juicio no generan por sí mismos una afectación concreta a la libertad personal del demandante.

El TC recordó además que la verdadera restricción de libertad se materializó recién con la sentencia condenatoria emitida el 26 de noviembre de 2025 por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que impuso al exjefe de Estado una pena de 14 años de prisión efectiva.

En ese sentido, el colegiado aclaró que dicha sentencia podría eventualmente ser cuestionada mediante otro proceso constitucional, siempre que cumpla previamente con el requisito de firmeza dentro de las instancias ordinarias del Poder Judicial.

“Por consiguiente, la demanda debe ser declarada improcedente”, concluye la resolución del Tribunal Constitucional.

Martín Vizcarra cumple actualmente su condena en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, donde permanecen recluidos otros exmandatarios procesados por casos de corrupción.

El expresidente fue sentenciado por haber recibido presuntos sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, en proyectos relacionados con las obras Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

El caso continúa generando repercusión política y judicial debido a la relevancia del exmandatario y a los procesos pendientes vinculados a presuntos actos de corrupción en obras públicas.