En medio de la campaña electoral y del debate sobre el verdadero alcance del poder presidencial en el Perú, el Instituto Peruano de Economía (IPE) advirtió que un mandatario sí mantiene amplias facultades para influir directamente en la economía, las políticas públicas y el bienestar de la población, incluso cuando no cuenta con mayoría parlamentaria.

SEGÚN EL IPE

A través de un análisis, el IPE cuestionó la idea instalada durante el actual proceso electoral de que un Ejecutivo sin respaldo mayoritario en el Congreso tendría escasa capacidad para modificar el rumbo del país. Por el contrario, sostuvo que la experiencia reciente demuestra que un gobierno puede afectar seriamente la estabilidad económica e institucional mediante decisiones improvisadas, manejo político de entidades públicas y deficiente administración de recursos.

El informe toma como referencia lo ocurrido durante el último quinquenio, especialmente bajo la gestión de Perú Libre, y advierte que los recientes cambios en el plan de gobierno de Juntos por el Perú evidencian cómo las prioridades de una administración pueden variar rápidamente según los incentivos políticos y las circunstancias del momento.

Uno de los principales cuestionamientos del IPE se centra en el uso de los recursos públicos. El organismo recordó que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de formular el presupuesto nacional y garantizar una adecuada ejecución en sectores estratégicos como salud, educación y seguridad ciudadana. Sin embargo, sostuvo que en los últimos años se produjo un manejo ineficiente del Tesoro Público.

Como ejemplo, mencionó los constantes rescates financieros otorgados a Petro-Perú sin exigir previamente una reestructuración integral de la empresa estatal. Según el análisis, desde el 2013 se destinaron alrededor de 32 mil 100 millones de soles en apoyo financiero a la petrolera, de los cuales más del 80 % fueron entregados durante los últimos cinco años.

Para especialistas  del IPE, esta situación refleja una administración fiscal permisiva y con escasa capacidad de control sobre el gasto público. A ello se suma el incumplimiento reiterado de las reglas fiscales entre el 2023 y el 2025. El país dejó de cumplir al menos una de las cuatro reglas fiscales en cada uno de esos años, situación que, según el organismo, evidencia que la sostenibilidad de las finanzas públicas dejó de ser una prioridad para el Ejecutivo.

El análisis sostiene además que el Gobierno mantuvo una posición complaciente frente a normas aprobadas por el Congreso con elevado costo fiscal, permitiendo un deterioro progresivo del equilibrio económico.

Otro aspecto crítico señalado corresponde al manejo de la política social. El organismo remarcó que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de combatir la pobreza, reducir la vulnerabilidad y garantizar programas sociales eficientes. Sin embargo, advirtió que varias decisiones adoptadas durante la pandemia y en los años posteriores estuvieron marcadas por la improvisación.

Uno de los casos citados es la entrega del bono Yanapay en el 2021. El subsidio alcanzó a más de 13,5 millones de personas en medio de la emergencia sanitaria. No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) observó que la focalización del beneficio fue deficiente y que aproximadamente 3,5 millones de personas que no eran pobres ni vulnerables terminaron recibiendo el apoyo económico.

Además el costo de esa falta de precisión pudo equivaler al presupuesto anual de programas sociales de gran impacto como Juntos o Pensión 65.

Las observaciones también alcanzan al sistema de alimentación escolar. El informe recuerda que Qali Warma, programa que atendía a más de cuatro millones de escolares, fue reemplazado en el 2024 por Wasi Mikuna tras una serie de cuestionamientos e irregularidades. Sin embargo, apenas un año después, el propio Ejecutivo anunció la extinción del nuevo programa.

Esta situación implicó una reestructuración equivalente al 36 % del presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), sin que existiera un reporte claro sobre el impacto de los cambios en la alimentación de los estudiantes beneficiarios.

También cuestionó la forma en que el Ejecutivo enfrentó la creciente inseguridad ciudadana. Según el análisis, la constante rotación de autoridades impidió implementar políticas sostenidas para combatir el crimen organizado y la extorsión.

El documento señala que las denuncias por extorsión se multiplicaron casi siete veces desde el 2019, mientras que durante la gestión de Pedro Castillo se nombraron siete ministros del Interior, con una permanencia promedio de apenas 2,3 meses en el cargo.

A criterio del organismo, esta inestabilidad política debilitó la capacidad operativa del sector Interior y favoreció respuestas improvisadas basadas principalmente en la declaratoria de estados de emergencia.

El informe advierte que esta medida, aplicada reiteradamente en distintas regiones del país, tiene escasa efectividad cuando no está acompañada de inteligencia policial, investigación criminal y patrullaje focalizado.

Otro episodio utilizado para ejemplificar la falta de capacidad de reacción del Ejecutivo fue la crisis de fertilizantes registrada en el 2022. Aunque el Gobierno declaró en emergencia al sector agrario en marzo de ese año debido al incremento internacional del precio de la urea, las compras internacionales fracasaron en reiteradas oportunidades y terminaron siendo canceladas.

Recién seis meses después de declarada la emergencia se otorgó un subsidio para que los agricultores pudieran adquirir fertilizantes, cuando gran parte del impacto económico ya se había producido.

Como consecuencia, la superficie agrícola sembrada entre marzo y julio del 2022 fue 5 % menor respecto al promedio de las cinco campañas previas, de acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Concluye que la experiencia reciente demuestra que un Ejecutivo puede generar graves consecuencias económicas y sociales aun sin mayoría parlamentaria. Asimismo, advierte que los malos nombramientos y la politización de las instituciones públicas deterioran la calidad de los servicios estatales y reducen la capacidad de respuesta frente a las necesidades de la población.

Finalmente, el organismo subraya la importancia de elegir autoridades que prioricen la estabilidad económica, promuevan la inversión privada y fortalezcan la institucionalidad democrática. Según el análisis, solo mediante crecimiento económico sostenido será posible generar empleo, reducir la pobreza y aumentar la recaudación necesaria para financiar políticas sociales y cumplir las promesas electorales.