La minería es uno de los pilares de la economía peruana: en 2025 el sector representó alrededor del 9% del PBI (BCRP) y generó más de 265 mil empleos directos (MINEM). Pero su impacto real va mucho más allá de esas cifras: la cadena de valor —transporte, agricultura, energía, servicios y comercio— multiplica el efecto del sector muy por encima de su peso en el PBI, a través de los empleos indirectos que genera en cada eslabón. Esa dinámica se refleja en el territorio: según el CPC, en las regiones mineras el 72% de los hogares tiene acceso simultáneo a agua, desagüe, electricidad e internet, frente al 65% del promedio nacional y apenas el 50% en regiones sin minería.

Parte de esa brecha responde a que la inversión minera financia directamente infraestructura básica —agua, saneamiento, electrificación, conectividad—, mejorando las condiciones de vida de las comunidades y habilitando otras actividades económicas. Arequipa concentra buena parte de ese dinamismo. En 2025, la región generó más empleo minero directo que cualquier otra del país —40 644 puestos—, alberga 7 de las principales unidades mineras y es la segunda productora de cobre y la tercera en oro (BCRP y MINEM).

Ese liderazgo tiene continuidad en la cartera de proyectos del MINEM: la región concentra 6 iniciativas por más de US$ 8 mil millones, el 13% del total nacional. Sin embargo, convertir ese potencial en realidad no es tarea sencilla. Un proyecto minero exige más de 230 procedimientos ante 30 actores distintos (SNMPE).

Y los plazos se disparan en cada etapa: según datos del SENACE, los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d) pueden demorar hasta casi cuatro veces su plazo legal, las Modificaciones del EIA (MEIA-d) pueden superar el doble, y los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) casi duplicarlo. El costo de esa dilación es concreto: un retraso de cuatro años en un proyecto minero con una inversión de US$ 1 400 millones le cuesta al país más de S/ 12 mil millones en PBI y S/ 2 mil millones en recaudación (SNMPE).

Mientras el proyecto formal espera, la minería ilegal no se detiene. Según la UIF de la SBS, esta actividad moviliza más dinero que cualquier otro delito en el sistema financiero. En 2025, según cálculos del CPC, el Perú exportó más de 79 toneladas de oro ilegal, equivalentes al 38% del valor exportado en oro, cuando en 2015 esa proporción era del 20%: una expansión que el Estado no ha logrado contener.

Esa escala tiene un correlato fiscal directo: según el IPE, la evasión tributaria asociada a la minería ilegal entre 2023 y 2025 habría superado los S/ 7 mil millones anuales. El daño ambiental sigue la misma curva: el MINAM reporta más de 100 mil hectáreas de bosque destruidas y, en los últimos 20 años, más de 3 mil toneladas de mercurio vertidas en los ríos. La paradoja es brutal: el Estado multiplica hasta cuatro veces los plazos legales de los permisos ambientales que exige a la empresa formal, mientras a pocos kilómetros la minería ilegal opera con mercurio, sin fiscalización y sin pagar un sol al fisco.

La minería ilegal ya no es un problema marginal, sino una amenaza de gran escala al futuro económico del país, y el próximo Gobierno no puede seguir postergando su atención. Existe una diferencia de fondo entre una operación sujeta a auditorías, estándares laborales y responsabilidad legal, y una que no responde ante nadie.

Esa distinción es precisamente lo que el país parece haber perdido de vista: mientras los trámites se multiplican y frenan la inversión legítima, la ilegalidad avanza sin obstáculos —y el Perú cae del puesto 14 al 41 en el Índice de Atracción de Inversiones Mineras del Fraser Institute entre 2018 y 2025—. Recuperar ese terreno exige un Estado capaz de procesar permisos a tiempo y de perseguir con firmeza a quienes operan fuera de la ley.