La decana regional Miriam Aliaga pidió que la investigación por la muerte del menor de siete años continúe con debido proceso. La orden profesional sostuvo que los médicos investigados tenían arraigo laboral y familiar, mientras Fiscalía indagaba presuntas irregularidades en la atención brindada en una clínica clausurada de Yanahuara.

PIDEN RESPETO AL DEBIDO PROCESO

El Colegio Médico del Perú, Consejo Regional V Arequipa, cuestionó la prisión preventiva de nueve meses dictada contra los médicos Alex Limachi Centeno y Gonzalo Delgado Zegarra, investigados por la muerte de Gustavo Cruz Fernández, niño de siete años que fue llevado a un establecimiento privado de Yanahuara para una intervención vinculada a una fractura.

La decana regional, Miriam Aliaga Cayo, expresó sus condolencias a la familia del menor y afirmó que la pérdida era irreparable. Sin embargo, sostuvo que el proceso debía desarrollarse con respeto al debido procedimiento, bajo actuación de la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial, y con valoración objetiva de las pruebas.

Aliaga señaló que el Colegio Médico no busca frenar la investigación ni anticipar una exoneración de responsabilidades. Precisó que, de comprobarse una falta ética o profesional, la orden médica debía actuar conforme a su Código de Ética, luego de un procedimiento interno y de la determinación de responsabilidades.

El principal cuestionamiento de la institución se centró en los presupuestos usados para justificar la prisión preventiva. Según la decana, los médicos contaban con arraigo familiar y vínculos laborales en Arequipa, uno de ellos relacionado al Hospital Goyeneche y otro al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, por lo que rechazó que existiera peligro de fuga.

La investigación fiscal comprendía presuntas irregularidades en la atención del menor, el traslado desde el Hospital Goyeneche hacia el local privado y el posible uso de insumos médicos en condiciones no autorizadas, hechos que aún debían ser corroborados mediante pericias, declaraciones, revisión documental y resultados médico-legales.

El caso también abrió un cuestionamiento mayor sobre el funcionamiento de clínicas privadas en Arequipa. TraumaCare Salud, establecimiento donde fue atendido el menor, fue clausurado por la Municipalidad Distrital de Yanahuara y, según la Gerencia Regional de Salud, no contaba con autorización sanitaria ni categorización para realizar prestaciones médicas.

Aliaga invocó a la ciudadanía a exigir que los establecimientos privados cuenten con infraestructura, equipamiento, personal y autorizaciones correspondientes antes de aceptar una atención. La muerte de Gustavo quedó así en el centro de una investigación penal, sanitaria y ética que debía esclarecer responsabilidades sin vulnerar derechos ni debilitar el control sobre servicios médicos informales.