Tras numerosas paralizaciones y denuncias por presuntos actos de reglaje, la Fiscalía inició una investigación por los incidentes registrados en la construcción del módulo de justicia de Cerro Colorado. El caso se intensificó luego de que la empresa contratista APM, encargada de ejecutar el proyecto, denunciara a integrantes del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa (STCCA) por presuntos actos de coacción durante el desarrollo de la obra.

El pasado 20 de enero, el Gobierno Regional de Arequipa inició la construcción de la nueva sede judicial en el sector de Semirrural Pachacútec, en Cerro Colorado. El proyecto, valorizado en S/49 millones 478 mil 178.78, se ejecuta bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI) con financiamiento de la empresa Máxima Internacional S.A., que contrató a APM Contratistas Generales S.A.C. para la ejecución de los trabajos.

El conflicto surgió en mayo, cuando integrantes del STCCA exigieron la contratación de un mayor número de trabajadores afiliados al gremio y realizaron medidas de protesta. Según APM Contratistas, estas acciones provocaron paralizaciones que afectaron el avance de la obra y ocasionaron pérdidas económicas. Ante esta situación, la empresa presentó una denuncia ante el Ministerio Público a finales de mayo. Actualmente, la investigación continúa en trámite. Aunque se han desarrollado diversas reuniones de diálogo, hasta el momento no existe consenso entre el sindicato y la empresa ejecutora.

Al respecto, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Izcarra Pongo, sostuvo que el derecho a la protesta está plenamente reconocido, pero advirtió que debe ejercerse dentro del marco legal. “Todos tenemos derecho a la protesta, eso está fuera de toda discusión. Sin embargo, hay una línea que no se puede cruzar, que es la línea de la legalidad. No se puede atentar contra los bienes ni las personas, tampoco impedir que otros realicen sus labores. (…) La denuncia está en manos de la Fiscalía y la fiscal hará un dictamen al concluir las diligencias. Eventualmente le podría tocar a un juez decidir si las conductas desarrolladas han cruzado la línea de la legalidad”, señaló.

La obra del módulo de justicia de Cerro Colorado continúa en ejecución. No obstante, Izcarra advirtió que las paralizaciones registradas en los últimos meses podrían afectar el cronograma previsto para el proyecto. La entrega de la infraestructura está programada para 2027, aunque los retrasos acumulados podrían impactar en los plazos inicialmente establecidos.