En las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de escuchar obras de Mozart y Wagner interpretadas por orquestas locales. Mas allá de la música, estas presentaciones ofrecen una lección sobre la vida social. El director de la orquesta entra no para imponerse o dominar, sino para coordinar los tiempos; su autoridad armoniza los esfuerzos individuales, transformando el caos en una hermosa sinfonía.

De manera semejante, en una sociedad democrática la autoridad legítima existe para armonizar libertades, garantizar la justicia y promover condiciones que permitan el desarrollo de todos, el bien común. Es condición necesaria actuar con coherencia, honestidad y credibilidad, pues la confianza pública constituye la base de toda conducción legítima.

Sin embargo, la política real suele alejarse de la partitura ideal, reemplazando la armonía por el crudo pragmatismo de la supervivencia. Resulta importante analizar cómo el fujimorismo pasó de su mayor crisis histórica en 2018 a convertirse en el actor decisivo por el poder hacia 2026. Tras la disolución del Congreso de 2019 y los periodos de prisión preventiva de Keiko Fujimori, el partido planteó una estrategia sostenida de adaptación política e influencia institucional que puede observarse en varios frentes complementarios.

En un primer movimiento la estrategia fue la revalorización del bloque parlamentario como eje del poder. Tras perder la mayoría absoluta de 2016, Fuerza Popular entendió que no necesitaba el Ejecutivo para dictar la agenda. Mediante acuerdos con otras bancadas, consolidó una alta capacidad de destitución, normalizando la vacancia por «incapacidad moral» frente a los sucesivos y endebles gobiernos de la última década.

El segundo movimiento se consolidó con el pacto de cogobierno – evidenciado en las propuestas legislativas y los votos para aprobarlas – desplegado entre 2022 y 2026. Tras la asunción de Dina Boluarte, el fujimorismo aplicó una estrategia de «paz armada». En lugar de forzar elecciones inmediatas en un momento de vulnerabilidad, sostuvieron tácticamente a la mandataria bloqueando sus vacancias. A cambio, el Congreso obtuvo un margen inédito para legislar sin el contrapeso del veto presidencial, agudizando la crisis institucional.

El tercer movimiento estuvo vinculado a las reformas que alteraron las reglas de juego. Mediante reformas institucionales y decisiones de nombramientos a perfiles afines, en el Tribunal Constitucional y la Defensoría, el bloque eliminó los contrapesos. A esto se sumó el regreso a la bicameralidad para asegurar un Senado permanente en 2026. Para sus defensores, estas medidas buscaban fortalecer la gobernabilidad; para sus críticos, redujeron los mecanismos de control y competencia interna de los partidos.

Finalmente, el contexto de inseguridad ciudadana, crecimiento del crimen organizado y el estancamiento económico favoreció los discursos que apelaban a la nostalgia de los noventa, posicionándose como la única fuerza capaz de restaurar el orden. El fallecimiento de Alberto Fujimori en 2024 operó, además, como el catalizador de unidad que selló sus fracturas internas.

La paradoja del fujimorismo contemporáneo consiste en que su fortalecimiento político coincide con un escenario de creciente debilidad institucional. La estrategia que permitió recuperar la influencia y el poder también contribuyó a crear un sistema fragmentado y menos predecible. Por ello, si alcanza más cuotas de poder, enfrentará más problemas, es decir, que el Estado con sus mecanismos de coordinación y confianza seguirá siendo progresivamente erosionado. Como una orquesta, no basta con subir al podio y tener la batuta; la verdadera autoridad se demuestra cuando se es capaz de convertir múltiples intereses dispersos en una obra común que beneficie a todos. Eso, y no otra cosa, es el bien común.