El Congreso de la República oficializó la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, tras la publicación de la Resolución Legislativa N.° 010-2025-2026-CR. La medida fue aprobada por el Pleno y lleva las firmas del presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y del segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón.

La sanción se sustenta en las conclusiones de las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618, mediante las cuales se determinó que la exmagistrada incurrió en infracciones a diversos artículos de la Constitución al presentar una denuncia contra 11 congresistas por la aprobación de una norma relacionada con la percepción simultánea de remuneración y pensión para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Según el informe aprobado por el Legislativo, Espinoza habría excedido sus atribuciones al interponer la Denuncia Constitucional 549, en la que atribuyó a los parlamentarios la presunta comisión del delito de negociación incompatible debido a su participación y voto a favor del Proyecto de Ley 319/2021-CR.

El Congreso consideró que dicha actuación vulneró el artículo 45 de la Constitución, referido a los límites del ejercicio del poder público, así como el artículo 93, que protege la inviolabilidad parlamentaria por opiniones y votos emitidos en el desempeño de la función legislativa. Asimismo, sostuvo que se afectaron garantías vinculadas al debido proceso y la debida motivación de las resoluciones.

No obstante, el Parlamento decidió archivar las acusaciones relacionadas con la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, contemplados en los artículos 376 y 418 del Código Penal. De esta manera, la exfiscal quedó exenta de responsabilidad penal en el marco de este procedimiento.

La resolución también precisa que durante el desarrollo del proceso se respetaron las garantías de defensa y el debido procedimiento. Según el documento, Delia Espinoza participó en las audiencias correspondientes, ejerció su derecho de contradicción y contó con asistencia legal de su elección.

Con esta decisión, el Congreso culmina uno de los procesos de acusación constitucional más debatidos de los últimos meses, dejando firme la sanción política que impedirá a la exfiscal de la Nación desempeñar cualquier cargo o función dentro de la administración pública durante la próxima década.