El Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 60 días calendario, medida que entrará en vigencia el próximo 28 de junio con el propósito de reforzar las acciones contra la delincuencia y el crimen organizado.

La decisión fue establecida mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, luego de una solicitud formulada por la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), sustentada en informes que advierten la persistencia de delitos como el homicidio, sicariato, extorsión y otras modalidades de criminalidad que continúan alterando el orden interno.

Durante el periodo de emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, será la institución encargada de definir las zonas de intervención, tomando en cuenta información de inteligencia, estadísticas delictivas y mapas de incidencia criminal.

La norma dispone también la restricción o suspensión de determinados derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, medidas contempladas en la Constitución para enfrentar situaciones excepcionales.

En cuanto a los eventos públicos de carácter masivo, como actividades religiosas, culturales, deportivas y recreativas, el decreto establece que los organizadores deberán solicitar autorización previa ante las autoridades competentes para evaluar su realización. En cambio, las reuniones que no sean consideradas masivas podrán desarrollarse sin necesidad de un permiso especial.

El Ejecutivo también encargó al Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) elaborar un informe sobre los resultados obtenidos durante el estado de emergencia. Dicho documento deberá presentarse al Ministerio del Interior dentro de los cinco días hábiles posteriores al término de la medida y, posteriormente, será remitido a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial junto con las recomendaciones correspondientes.

El decreto lleva las firmas del presidente José María Balcázar, del jefe del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, así como de los titulares de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.

Con esta nueva ampliación, el Gobierno busca fortalecer las acciones operativas de la Policía y las Fuerzas Armadas para enfrentar el avance del crimen organizado y reducir los índices de violencia que afectan a Lima y el Callao, las dos jurisdicciones con mayor incidencia delictiva del país.