Por Jorge Turpo R.

La Contraloría reveló graves deficiencias en el control de la flota municipal, desde la falta de identificación patrimonial hasta la ausencia de registros de mantenimiento y bitácoras actualizadas, exponiendo a la comuna a riesgos operativos y administrativos.

TAMPOCO TIENEN REVISIÓN TÉCNICA

La flota vehicular de la Municipalidad Distrital de Miraflores presenta serias deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y de la población. Una visita de control realizada por la Contraloría General de la República detectó que varios vehículos oficiales circulan sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente ni Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), además de una serie de irregularidades administrativas que evidencian un deficiente control sobre los bienes públicos.

El Informe N.° 005-2026-OCI/1324-SVC concluye que existen cuatro situaciones adversas que comprometen el adecuado uso, conservación y fiscalización de la flota municipal, integrada por 69 vehículos, de los cuales se inspeccionó una muestra de 24 unidades entre camionetas y máquinas compactadoras de basura.

La observación más grave a la gestión del alcalde Germán Torres Chambi, está relacionada con la circulación de vehículos sin la documentación obligatoria.

La comisión de control comprobó que tres vehículos no cuentan con SOAT vigente y doce unidades operativas carecen del Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), pese a que continúan siendo utilizadas para las labores diarias de la comuna.

La Contraloría advierte que esta situación puede derivar en la retención e internamiento de los vehículos, multas para la entidad e incluso impedir que continúen prestando servicios públicos.

Pero el riesgo va mucho más allá de las sanciones administrativas: en caso de un accidente de tránsito, la ausencia del SOAT podría generar gastos adicionales para la municipalidad y dejar expuestos tanto a los conductores como a terceros afectados.

El organismo de control recuerda que la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre obliga a todo vehículo a contar con un seguro vigente y con la inspección técnica correspondiente para circular por las vías públicas. Sin estos requisitos, las unidades pueden ser intervenidas por la autoridad y retiradas de circulación.

VEHÍCULOS «INVISIBLES»

El segundo hallazgo revela una preocupante falta de control patrimonial. Los 24 vehículos inspeccionados no cuentan con el código único patrimonial, identificación obligatoria que permite individualizar cada bien del Estado y facilitar su seguimiento, custodia y administración.

La ausencia de este código impide conocer con precisión la trazabilidad de cada unidad y debilita los mecanismos de control sobre el patrimonio municipal. Para la Contraloría, esta omisión no garantiza la transparencia ni la protección de los bienes públicos, abriendo la posibilidad de pérdidas o un manejo inadecuado de los vehículos.

El tercer hallazgo evidencia un desorden aún mayor en la administración de la flota. La comisión verificó que los vehículos inspeccionados no cuentan con seguro vehicular contra toda eventualidad o siniestro, carecen de programas de mantenimiento, no tienen pase de vehículo oficial, en la mayoría de casos no disponen de rastreo satelital (GPS) y tampoco poseen un expediente o file con el historial de reparaciones y mantenimiento de cada unidad.

La ausencia de esta documentación impide conocer el estado real de conservación de los vehículos, dificulta la planificación de mantenimientos preventivos y limita la posibilidad de verificar si los recursos destinados a las reparaciones fueron ejecutados correctamente.

Según el informe, esta situación genera el riesgo de un uso indebido de los bienes del Estado, afecta la transparencia en la administración pública y compromete el correcto funcionamiento de la entidad.

El cuarto hallazgo apunta al deficiente control diario de las unidades. Durante la inspección, la Contraloría encontró que varias bitácoras de vehículos presentan información incompleta o desactualizada.

En algunos casos no se consignan los destinos recorridos, kilómetros efectuados, lectura del odómetro, estado de los accesorios ni las firmas correspondientes.

Además, dos vehículos seguían operando pese a que sus bitácoras no habían sido actualizadas durante varios días.

La omisión de estos registros impide verificar el uso correcto de los vehículos municipales y limita la posibilidad de reconstruir los hechos ante cualquier incidente, accidente o eventual investigación administrativa.

El órgano de control advierte que esta deficiencia podría propiciar un uso ineficiente de las unidades y dificultar la adopción de medidas correctivas cuando se produzcan irregularidades.

Ante las cuatro situaciones detectadas, la Contraloría recomendó a la gestión de Torres Chambi adoptar las acciones preventivas y correctivas necesarias dentro del marco de sus competencias.

Las observaciones evidencian no solo incumplimientos documentarios, sino también una preocupante debilidad en el sistema de control de una flota destinada a prestar servicios públicos esenciales. Si estas deficiencias no son corregidas, los vehículos municipales seguirán circulando con riesgos legales, administrativos y, sobre todo, con potenciales consecuencias para la seguridad de conductores y ciudadanos.