La Policía informó la desarticulación de la banda criminal “Los Fierreros del Sindicato” tras la detención de Lugue Espinoza y Juan Chicata, dirigentes de Construcción Civil investigados por extorsión contra APM Contratistas Generales. La Fiscalía confirmó la flagrancia mientras que el gremio rechaza las acusaciones y exigió su liberación.

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FISCALÍA CONFIRMÓ FLAGRANCIA

La Policía Nacional detuvo a Lugue Ysaac Espinoza Valcárcel, alias “Caballo”, y a Juan Miguel Chicata Orihuela, alias “Sapo”, dirigentes del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, como parte de una investigación por extorsión contra la empresa APM Contratistas Generales S.A.C. Según la Policía Nacional, ambos integrarían la banda criminal “Los Fierreros del Sindicato”.

La intervención policial se ejecutó el 7 de julio, luego de una denuncia escrita presentada un día anterior por el caso de extorsión en agravio de la empresa encargada de la obra del nuevo módulo judicial de Cerro Colorado. La denuncia fue formulada por Darío Zambrano Carlin, representante de APM Contratistas Generales S.A.C., en medio del conflicto por la ejecución del proyecto en Semirural Pachacútec.

Juan Miguel Chicata Orihuela, secretario de Organización del sindicato, fue intervenido en la calle Mariano Melgar, a la altura de la plaza Las Américas, en Cerro Colorado. La Policía informó que conducía una camioneta Toyota Rav4 azul, de placa F7F-453, y que durante la diligencia se le incautó un celular y un carné del sindicato.

Lugue Ysaac Espinoza Valcárcel, secretario general de Construcción Civil, fue detenido cerca del inmueble ubicado en la Asociación Pro Vivienda Villa Las Canteras, manzana A, sublote 4A, también en Cerro Colorado. Según el reporte policial, se encontraba dentro de un vehículo de transporte público de placa X1V-716, de la empresa Cono Norte, ruta Sor Ana; se le incautó un celular Motorola azul y un carné del sindicato.

El fiscal Antonio Chacón Roselló, coordinador de las Fiscalías Penales de Arequipa, confirmó que la detención fue comunicada al Ministerio Público a las 8:05 de la mañana y que el caso fue reportado como flagrancia. Indicó que la Fiscalía inició diligencias para verificar la legalidad de la intervención y revisar los elementos reunidos por la Policía.

Chacón explicó que la investigación por extorsión está relacionada con presuntos pedidos de cupos o beneficios a cambio de no realizar actos de amedrentamiento, amenazas o violencia contra la construcción. Precisó que el artículo 200 del Código Penal contempla agravantes cuando la conducta afecta a contratistas o representantes de obras públicas o privadas.

El representante del Ministerio Público sostuvo que el caso no se limita a una protesta laboral, debido a que también se evalúan hechos de intimidación, obstrucción y temor en torno a una obra pública. Añadió que podrían investigarse delitos conexos como disturbios, daños y bloqueo de vías, además de proteger la identidad de denunciantes, agraviados y testigos.

Sobre la situación de los detenidos, Chacón indicó que la detención en flagrancia tiene un plazo inicial de 48 horas, aunque podría derivar en otras medidas según el avance fiscal. Entre las diligencias previstas figuran declaraciones, revisión de videos, análisis de pruebas policiales y participación de las defensas acreditadas.

El dirigente José Luis Chapa, representante de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, sostuvo que el conflicto se originó por el incumplimiento de un acta sobre contratación de personal. Según su versión, el acuerdo contemplaba el ingreso de un mayor número de trabajadores, pero solo habrían sido incorporados ocho o nueve obreros.

Chapa rechazó que se responsabilice colectivamente al sindicato por actos individuales y afirmó que el gremio cuenta con estatutos para sancionar a quienes cometan excesos. También dijo respetar la libertad de prensa y señaló que cualquier agresión contra periodistas debía ser asumida por quien la hubiera cometido, mientras pidió una mesa de diálogo con participación de autoridades.

En tanto, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, calificó la protesta como ilegal al señalar que la Gerencia Regional de Trabajo no recibió una solicitud formal para autorizar la huelga. Afirmó que el Gobierno Regional promovió la contratación de mano de obra arequipeña, incluso en un mínimo de 60 %, pero aclaró que ello no significaba imponer afiliados sindicales en las obras.

Tras las detenciones, trabajadores de Construcción Civil se movilizaron desde Pachacútec hacia dependencias policiales en el Cercado de Arequipa para exigir la liberación de sus dirigentes. Mientras el gremio defendió el carácter laboral del reclamo, la Policía y la Fiscalía profundizaron la investigación por extorsión, en un caso que ya afectó una obra clave para el sistema de justicia y que podría generar perjuicio económico al Estado.