La falta de articulación frena las investigaciones, mientras los animales siguen sufriendo cautiverio y maltrato

Por: Daniela Nickole Santander

La lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en Arequipa ha entrado en una fase de parálisis investigativa. Mientras los especímenes siguen circulando por la región, las autoridades encargadas de perseguir este delito admiten que no hay avances significativos en la identificación de organizaciones criminales. El hecho de que el comercio de animales ya no sea evidente en los mercados tradicionales no significa que haya cesado; por el contrario, se ha sofisticado en la clandestinidad digital, superando la capacidad de respuesta de un sistema que parece haber perdido el rastro de las mafias.

La Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la PNP Arequipa ha puesto sobre la mesa una realidad cruda, y es que solo cuentan con cinco oficiales efectivos de investigación para cubrir toda la zona. Esta limitación de recursos humanos y tecnológicos —pues todo depende de la central en Lima— hace que el seguimiento cibernético sea prácticamente nulo. Desde el año 2018, cuando se intervino una red internacional en suelo arequipeño que conectaba a Perú con Chile y Colombia, no se ha logrado tipificar este ilícito bajo la modalidad de organización criminal, la cual requiere la asociación de tres o más personas.

A esta precariedad se suma la falta de un trabajo articulado que debilita cualquier esfuerzo operativo. Fuentes de la unidad policial señalan que la Fiscalía no participa en las mesas de trabajo ni responde a las coordinaciones con instituciones como SERFOR y la misma dependencia. Esta ausencia es determinante, ya que, sin el liderazgo del Ministerio Público en la acción penal, los casos no llegan a sentencias condenatorias. La brecha es evidente al comparar el presente con el año 2016, cuando se logró una sentencia de cuatro años de cárcel por la posesión de quirquinchos; hoy, en cambio, no hay procesos de indagación abiertos contra redes de tráfico en lo que va del 2026.

Esta crisis institucional coincide con los hallazgos de investigaciones académicas sobre la materia que denuncian una debilidad estructural en el sistema. Según la tesis » El tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, desde la óptica del crimen organizado, en la legislación penal peruana» de Llanina Reategui (2022), existe una «conexión criminal» evidente que el aparato estatal ignora. Los traficantes operan bajo una red debidamente organizada donde cada uno cumple un rol debidamente establecido, iniciando desde la extracción del espécimen silvestre hasta la exportación de este.

Al no estar esta infracción amparada bajo la Ley de Crimen Organizado (N° 30077), el Estado peruano está procesando como ilícitos aislados lo que en realidad son estructuras complejas que utilizan los mismos métodos que las grandes mafias internacionales. Esta distorsión legal arrastra consecuencias fatales, porque el sistema termina imponiendo penas tibias que no corresponden a los daños reales, permitiendo que los verdaderos cerebros de la red sigan operando mientras el hilo siempre se corta por lo más delgado.

Al no aplicarse este marco legal, la policía no puede utilizar técnicas especiales como el levantamiento de comunicaciones o agentes encubiertos, limitándose a sancionar al poseedor final del animal y dejando intacta la estructura jerárquica que sostiene el negocio ilegal. A pesar de que el marco legal peruano contempla penas severas de entre 11 y 20 años para quienes trafiquen fauna silvestre, la realidad en el terreno revela un «cuello de botella» operativo.

El abogado penalista Christiam Ramírez Arce explica que, si bien estos delitos ambientales no fueron incluidos explícitamente dentro del listado original de la Ley N° 30077 (Ley contra el Crimen Organizado), el ordenamiento jurídico permite realizar una interpretación sistemática con el artículo 309 del Código Penal para aplicar agravantes drásticas cuando se actúa en red. El especialista aclara que la importancia de dar este enfoque radica en la severidad de la sanción, y en otorgar mejores herramientas y plazos a la Fiscalía. «Si tú amplías el plazo a crimen organizado, es porque vas a investigar 36 meses. ¿Por qué? Porque vas a investigar a un grupo… que tiene una persona que invierte el dinero, que tiene un brazo político, que tiene nexos internacionales» detalló el especialista.

Sin embargo, esta capacidad de investigación se estrella contra la precariedad de la fiscalización en la jurisdicción. Como se mencionó anteriormente, en Arequipa solo se tiene a 5 efectivos policiales de investigación de esta índole, una cifra ínfima para custodiar eficazmente las rutas de tránsito y acopio. Esta falta de recursos e inteligencia abre la puerta a riesgos mucho más profundos, como la infiltración en las esferas públicas.

Al respecto, se advierte con firmeza sobre los obstáculos internos. “Si tienes una organización criminal que ya permeó la institución, lógicamente las investigaciones se van a estancar, personas dentro de la institución que conocen cómo se maneja la fauna silvestre y pueden estar coludidos con los traficantes”, afirmó el abogado.

Para romper este ciclo de impunidad que arrastra la región desde hace casi una década, se requiere un cambio estructural en las competencias de los entes reguladores. Actualmente, instituciones como el Serfor cumplen un rol principalmente administrativo y de apoyo en los operativos. “Para que Serfor tenga esa facultad, vamos a decirle fiscalización, tendría que desmodificarse el reglamento de Serfor, y crear una parte que se dedique exclusivamente a ello”, concluuyó Ramírez Arce.

Mientras la justicia se estanca, los animales sufren las consecuencias de una «humanización» forzada que los destruye. Luis Felipe Gonzáles Dueñas, administrador técnico de SERFOR Arequipa, enfatiza que detrás de cada rescate hay una historia de sometimiento y crueldad. «Lo que hacen es someterlos con el hambre y los golpes», afirma el especialista, quien advierte que la mayoría de estos seres llegan a las manos de sus captores bajo condiciones de extremo estrés y maltrato físico.La ignorancia de los captores lleva a situaciones que rayan en lo absurdo, pero con consecuencias fatales para la salud animal. Es común que las personas intenten alimentar a aves silvestres con productos totalmente ajenos a su dieta, como «huevo frito», tallarines o maíz amiláceo. Este manejo inadecuado genera desnutrición severa, malformaciones en los picos y un estrés crónico que lleva a los ejemplares a arrancarse las plumas o automutilarse en su desesperación.La gravedad del problema quedó expuesta el pasado marzo en Caravelí, donde el tráfico mostró su faceta más sombría. En un operativo se rescataron 11 aves en estado crítico, pero también se descubrió un local de medicina alternativa que funcionaba como un cementerio de biodiversidad: pieles de jaguar, patas de ocelote, restos de anaconda y cabezas de caimán. El hecho de que el responsable sea un sujeto reincidente confirma que, sin una persecución penal firme de la Fiscalía, las multas administrativas son vistas simplemente como un «costo de operación» para los traficantes.Incluso cuando se logra un rescate exitoso, el camino hacia la libertad es incierto y muchas veces imposible. Gonzáles Dueñas explica que muchos ejemplares pierden completamente sus capacidades de supervivencia tras pasar meses o años bajo control humano. Los animales rescatados deben someterse a procesos de rehabilitación de al menos tres meses, donde deben «reaprender» conductas básicas como reconocer depredadores o buscar alimento, un proceso costoso que no siempre garantiza que el animal pueda volver a su hábitat sin convertirse en una presa fácil.Este ciclo de violencia y negligencia se sostiene por una demanda ciudadana que aún no comprende la magnitud del daño que causa. Cada compra de un loro, un mono o una tortuga financia una cadena de captura ilegal que desequilibra los ecosistemas regionales. Sin una conciencia social que rechace la tenencia de fauna silvestre, los esfuerzos de control físico siempre serán insuficientes ante un mercado que se adapta y se esconde con facilidad.A partir del 21 de julio, la implementación de un puesto de control estratégico en Yura que operará las 24 horas será una nueva prueba de fuego para la zona. Sin embargo, la lección que dejan los últimos ocho años es que mientras solo haya cinco oficiales de investigación para toda la región y la Fiscalía mantenga su indiferencia, el patrimonio natural del país seguirá siendo el botín de una red invisible que nadie está investigando con la rigurosidad que el delito amerita.