La Región Policial Arequipa dispuso inspecciones inopinadas sobre el armamento, los patrulleros, la documentación y el desempeño del personal. La medida respondió al robo de un fusil AKM y dos pistolas, caso que es investigado por la presunta participación de agentes y civiles.

PARA DETECTAR DEFICIENCIAS OPERATIVAS

Las 54 comisarías de la provincia de Arequipa quedaron bajo un esquema reforzado de supervisión interna después del robo de armamento policial registrado en la jurisdicción de Andrés Avelino Cáceres, en Hunter. El control buscará detectar deficiencias operativas y evitar que las fallas advertidas en esa dependencia se repitan en otras unidades.

La intervención comprenderá 35 comisarías urbanas y 19 rurales, mediante visitas sin previo aviso dirigidas por coroneles y oficiales designados. La Policía anunció que las inspecciones serán permanentes y evaluarán el funcionamiento efectivo de cada dependencia durante los diferentes turnos de servicio.

Las comisiones revisarán los inventarios y procedimientos de entrega del armamento, los registros de municiones, las condiciones de los vehículos, las bitácoras y la documentación administrativa. También comprobarán la presencia del personal, el cumplimiento de funciones y las necesidades logísticas que puedan limitar el servicio policial.

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad, coronel PNP Raúl Genaro Acosta Vera, informó que el control se intensificó después de la visita del inspector general de la Policía Nacional. Señaló que la institución adoptará acciones frente a las inconductas funcionales y descartó cualquier protección corporativa a los agentes involucrados.

La decisión se produjo tras el caso ocurrido la madrugada del 1 de julio, cuando un patrullero acudió a la urbanización Santa Mónica por una supuesta emergencia. En ese lugar fueron sustraídos un fusil AKM y dos pistolas de reglamento pertenecientes a efectivos de la comisaría Andrés Avelino Cáceres.

La investigación fiscal modificó la versión inicial de un asalto común y abrió la hipótesis de una acción coordinada entre policías y civiles. Cuatro personas, entre ellas el suboficial Leonardo Nicolás Lastarria Llasa, fueron detenidas; mientras que el agente Junior Pineda del Pino continuaba no habido y con una orden de detención preliminar. El caso permanecía bajo investigación y sin responsabilidades definidas por sentencia.

El episodio de Hunter dejó de ser únicamente una investigación penal y derivó en una revisión integral del sistema de control en las comisarías de Arequipa. La Policía sostuvo que los resultados de las inspecciones servirán para corregir falencias, establecer responsabilidades administrativas y reforzar la custodia de los recursos destinados a la seguridad ciudadana.