Durante el primer semestre del año, Arequipa acumuló 485 reportes por presuntos incidentes de violencia escolar, según el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe) del Ministerio de Educación. Los números evidencian que las alertas se concentran principalmente en la etapa secundaria: dos de cada tres reportes corresponden a estudiantes de este nivel educativo, donde se registraron 319 casos.

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DENUNCIAN AGRESIÓN A ALUMNO DEL COLEGIO DUNALSTAIR

Los registros muestran un incremento progresivo durante el primer semestre. Aunque en enero y febrero, meses de vacaciones, la cantidad de alertas fue reducida, con cinco y tres reportes respectivamente, la cifra aumentó desde marzo y alcanzó su punto más alto en junio, con 167 registros. Esta evolución concentra en el segundo trimestre la mayor cantidad de alertas reportadas. De acuerdo a la tendencia anual, se espera un incremento aún mayor para el segundo semestre del año.

La violencia psicológica aparece como el principal patrón dentro de los registros del SíseVe. De los 485 reportes, 235 corresponden a esta categoría, mientras que 171 están vinculados a presunta violencia física y 79 a presunta violencia sexual. El predominio de la violencia psicológica refleja que los conflictos dentro del entorno escolar no se limitan a agresiones físicas, sino que también incluyen situaciones vinculadas con hostigamiento, afectación emocional o convivencia escolar.

CASO DUNALASTAIR

La violencia escolar vuelve a ser motivo de preocupación en Arequipa. Un caso registrado en la Asociación Educativa Dunas AQP, colegio Dunalastair, ha motivado investigaciones por parte del Ministerio Público, Indecopi y la UGEL Norte Arequipa, las cuales determinarán si la institución educativa actuó de manera oportuna y conforme a la normativa vigente para proteger a un estudiante que fue víctima de fuertes agresiones dentro del plantel, por un grupo de compañeros, causándoles serias lesiones.

De acuerdo con la documentación incorporada a los procedimientos administrativos y fiscales, el caso no se limita al incidente ocurrido en abril de 2026, sino que comprende la evaluación de las medidas preventivas adoptadas por el colegio frente a las reiteradas alertas y comunicaciones que tanto los padres del estudiante como otros padres de familia habrían realizado con anterioridad.

Uno de los aspectos que forma parte de las investigaciones es la existencia de comunicaciones previas realizadas por la familia del estudiante a la dirección del colegio, y también por otros padres de familia.

Según documento presentado ante la UGEL Norte Arequipa en abril de 2026, los padres habían solicitado la adopción de medidas correctivas desde marzo, advirtiendo sobre presuntas amenazas, actos de hostigamiento y conductas de bullying que, según su denuncia, venían afectando a su hijo y generando un ambiente de inseguridad dentro del plantel para todos los estudiantes.

De acuerdo con la documentación presentada ante INDECOPI, UGEL NORTE y el Ministerio Público, la familia informó oportunamente al director del Colegio Dunalastair, César Paz Bueno, sobre graves situaciones que comprometían la seguridad e integridad de su hijo, solicitando la adopción de medidas de protección, la respuesta de la dirección habría consistido en minimizar la gravedad de los hechos y limitar su intervención a conversaciones internas con los estudiantes involucrados, sin activar las medidas de prevención y protección previstas en los protocolos de convivencia escolar.

Para los padres, la ausencia de una intervención oportuna y de acciones preventivas permitió que el conflicto escalara hasta derivar en un grave episodio de violencia que actualmente es materia de investigación por parte de la Fiscalía, INDECOPI y la UGEL Norte Arequipa.

Las investigaciones también buscan determinar si el colegio cumplió con las obligaciones establecidas en la normativa sobre convivencia escolar, entre ellas la activación de los protocolos correspondientes, la adopción de medidas inmediatas de protección, el registro de la incidencia en las plataformas oficiales y el seguimiento del caso.

DENUNCIAS SOBRE CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR

Además del caso que dio origen a las investigaciones, la documentación presentada por diversos padres de familia sostiene que existirían otros episodios de presunta violencia escolar que habrían afectado a estudiantes de la institución educativa.

Los padres sostienen que, pese a dichas comunicaciones, algunos de estos casos presuntamente no habrían sido registrados en la plataforma SíseVe, como establece la normativa vigente, ni puestos en conocimiento de la totalidad del personal docente, lo que —según afirman— habría dificultado la identificación de situaciones de riesgo, el seguimiento de los casos y la implementación de medidas preventivas y de protección para los estudiantes.

Estos hechos también forman parte de los aspectos que las autoridades competentes evalúan para determinar si la institución educativa cumplió con las obligaciones previstas en la normativa sobre convivencia escolar, prevención de la violencia y protección integral de los estudiantes.

BAJO INVESTIGACIÓN

La Fiscalía Provincial de Familia de Jacobo Hunter viene realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar si existieron responsabilidades relacionadas con actos de violencia escolar y con el cumplimiento de las obligaciones de protección hacia los estudiantes.

Como parte de la investigación se vienen recabando declaraciones, entrevistas y documentación relacionada con las comunicaciones previas efectuadas por los padres, así como las acciones implementadas por la institución educativa antes y después del incidente.

Paralelamente, el expediente N.° 363-2026/CPC-INDECOPI-AQP, Resolución N.° 01 de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi Arequipa, fue admitido a trámite una denuncia contra la Asociación Educativa Dunas AQP para evaluar si el servicio educativo brindado cumplió con los estándares de idoneidad y seguridad establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Entre los aspectos materia de investigación se encuentran la aplicación de los protocolos de convivencia escolar, la adopción de medidas de protección, el registro de los hechos en las plataformas correspondientes, la atención brindada al estudiante y la información proporcionada a su familia.

PROTOCOLOS Y DEBER DE PROTECCIÓN

Uno de los principales aspectos que analizan las autoridades es si el colegio cumplió con las obligaciones previstas en la normativa sobre convivencia escolar y prevención de la violencia, en este sentido el director del plantel, como máxima autoridad educativa del Dunalastair debió proceder de acuerdo a los protocolos establecidos y su aparente inacción seria objeto de una grave sanción o incluso destitución.

Las normas vigentes establecen que toda institución educativa debe activar oportunamente los protocolos correspondientes cuando toma conocimiento de presuntos casos de violencia entre estudiantes, implementar medidas inmediatas de protección, realizar el registro de las incidencias y efectuar el seguimiento respectivo para garantizar un entorno seguro.

La investigación deberá determinar si existieron omisiones que comprometieron la seguridad del estudiante y la eficacia de las acciones preventivas que correspondían a la institución educativa.

Especialistas en educación señalan que la intervención temprana resulta fundamental para evitar la escalada de conflictos y garantizar un ambiente seguro para todos los estudiantes. Asimismo, recuerdan que la responsabilidad de las instituciones educativas comprende no solo reaccionar ante un hecho de violencia, sino también prevenirlo mediante acciones oportunas y el cumplimiento estricto de los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación. Mientras tanto las investigaciones de la Fiscalía, INDECOPI y la UGEL Norte Arequipa, están en etapa avanzada  y determinarán responsabilidades administrativas .