Por Andrea Núñez.

La fortaleza de un país no se refleja únicamente en el crecimiento de su economía o en las grandes obras de infraestructura que se ejecutan en las ciudades. También se mide por su capacidad para garantizar que cada ciudadano, sin importar cuán distante se encuentre, tenga acceso a los mismos derechos y servicios públicos. En un territorio tan diverso y complejo como el Perú, ese sigue siendo uno de los principales desafíos del Estado.

Durante décadas, miles de familias asentadas en comunidades rurales, amazónicas, altoandinas y de frontera han convivido con enormes brechas en salud, educación, identidad, justicia y protección social. Para muchos de estos peruanos, acudir a un centro de salud, tramitar un documento de identidad o acceder a un programa estatal implica recorrer largas distancias, invertir recursos que no tienen e incluso perder varios días de trabajo. Esa realidad evidencia que la igualdad de derechos aún depende, en muchos casos, del lugar donde se nace o se vive.

Frente a ese panorama, las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) se han convertido en una herramienta eficaz para reducir las desigualdades territoriales. Su principal virtud radica en reunir en una sola intervención a diversas instituciones del Estado, permitiendo que servicios esenciales lleguen directamente a las poblaciones que más los necesitan.

Las campañas desarrolladas en los últimos años demuestran que es posible acercar atención médica especializada, vacunación, medicamentos, afiliación al Seguro Integral de Salud, emisión del Documento Nacional de Identidad, asesoría legal y programas sociales hasta localidades donde la presencia estatal ha sido históricamente limitada. Más que una atención puntual, estas acciones representan un reconocimiento efectivo de derechos para miles de ciudadanos.

La reciente ampliación de las PIAS hacia nuevas zonas del país, incluyendo regiones fronterizas, constituye un avance importante en la construcción de un Estado más inclusivo. Sin embargo, el verdadero desafío consiste en evitar que estas iniciativas dependan únicamente de decisiones coyunturales o de la disponibilidad presupuestal de cada año.

Es necesario convertir esta estrategia en una política pública sostenida, con recursos permanentes, planificación de largo plazo y una articulación eficiente entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. La incorporación de herramientas tecnológicas también permitirá optimizar la atención y mejorar el seguimiento de las necesidades de cada comunidad.

Acercar el Estado no significa únicamente instalar oficinas o ejecutar campañas temporales. Significa construir confianza entre las instituciones y la ciudadanía, garantizar que los servicios lleguen con calidad y oportunidad, y demostrar que ningún peruano debe quedar excluido por razones geográficas.

Mientras existan comunidades donde acceder a un médico, obtener un documento de identidad o recibir asistencia estatal siga siendo un privilegio y no un derecho garantizado, la tarea permanecerá inconclusa. Fortalecer mecanismos como las PIAS es avanzar hacia un país más equitativo, donde la presencia del Estado deje de ser una excepción y se convierta en una realidad permanente para todos los peruanos.