Por: Carlos Meneses

El pronunciamiento del Consejo de Minería será determinante. Más allá de cuál sea el resultado, lo verdaderamente importante es que la resolución sea técnica, transparente y debidamente fundamentada. Solo así se fortalecerá la institucionalidad y se enviará un mensaje claro de que en el Perú las decisiones sobre proyectos de esta magnitud deben descansar en la ley y no en la incertidumbre.

El proyecto minero Tía María vuelve a convertirse en el centro de un nuevo capítulo de controversia. Esta vez no son las movilizaciones sociales las que ocupan la atención, sino un proceso administrativo que enfrenta a la Municipalidad Provincial de Islay y a Southern Perú respecto a la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La decisión final recaerá en el Consejo de Minería, instancia que deberá resolver un conflicto cuyos alcances trascienden al propio proyecto.

La municipalidad sostiene que el EIA aprobado en 2014 perdió vigencia y que, por tanto, la empresa debió presentar un nuevo estudio antes de obtener la autorización para iniciar la etapa de explotación. Además, cuestiona otros aspectos relacionados con permisos y obligaciones ambientales. Southern Perú, por el contrario, afirma que el estudio continúa vigente porque comunicó oportunamente el inicio de actividades antes del vencimiento del plazo establecido por la ley y que ha cumplido con todas las exigencias legales.

No corresponde a la opinión pública ni a los actores políticos definir quién tiene la razón. Esa responsabilidad corresponde exclusivamente a los organismos competentes, que deben evaluar los argumentos jurídicos y técnicos con independencia y objetividad. Precisamente para ello existen instituciones como el Consejo de Minería, cuya misión es garantizar que las decisiones respondan al marco legal y no a presiones de uno u otro sector.

El antecedente más cercano demuestra que dicho organismo no ha dudado en corregir procedimientos cuando encontró deficiencias. Meses atrás anuló una autorización de explotación por considerar que no se habían levantado adecuadamente determinadas observaciones técnicas. Ese precedente fortalece la expectativa de que el nuevo recurso será evaluado con el mismo rigor.

Lo que está en juego no es únicamente el futuro de una inversión superior a los 1 800 millones de dólares. También está en discusión la credibilidad del sistema de evaluación ambiental, la seguridad jurídica para las inversiones y la confianza de las poblaciones en que los proyectos extractivos cumplirán estrictamente con las normas vigentes.

El Perú necesita aprovechar responsablemente sus recursos naturales, pero ello solo será posible si las inversiones avanzan respetando el marco legal, los estándares ambientales y los derechos de las comunidades. Del mismo modo, cualquier cuestionamiento debe sustentarse en argumentos técnicos sólidos y resolverse dentro de los cauces institucionales.

Tía María ha sido, durante más de una década, símbolo de la dificultad del país para conciliar desarrollo económico con consenso social. Este nuevo episodio ofrece una oportunidad para demostrar que las diferencias pueden resolverse mediante el derecho y no mediante la confrontación.