Por: Carlos Meneses

Arequipa necesita autoridades capaces de recuperar la confianza en las instituciones, no de profundizar el descrédito de la política. La legalidad es el piso mínimo; la honestidad, la solvencia moral y el compromiso con el servicio público deben ser el verdadero requisito para gobernar. Mientras los partidos continúen privilegiando la posibilidad de ganar elecciones por encima de la calidad de sus candidatos, la democracia seguirá pagando un alto costo y los ciudadanos continuarán sintiendo que, elección tras elección, deben escoger entre opciones cada vez menos confiables.

La inscripción de 116 candidatos con sentencias penales o reservas de fallo condenatorio en Arequipa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no puede ser vista como una simple estadística ni como un hecho rutinario del calendario electoral. Es un síntoma preocupante de la profunda crisis de representación que vive la política peruana y de la escasa exigencia ética con la que muchas organizaciones políticas construyen sus listas de candidatos.

Es cierto que la ley establece que declarar una sentencia no implica automáticamente la exclusión de un postulante. También es verdad que toda persona tiene derechos y que la rehabilitación judicial existe precisamente para permitir la reinserción. Sin embargo, una cosa es cumplir con los requisitos legales y otra muy distinta es cumplir con los estándares morales que la ciudadanía espera de quienes pretenden administrar recursos públicos y tomar decisiones en nombre de miles de personas.

Resulta alarmante que entre los delitos declarados aparezcan homicidio, peculado, colusión, minería ilegal, estafa, violencia familiar, falsificación de documentos y delitos contra la administración pública. No se trata únicamente de infracciones menores o de errores del pasado. Varios de estos delitos están directamente vinculados con la corrupción, el abuso de poder y la afectación de derechos fundamentales, precisamente las conductas que un funcionario público debería combatir y no representar.

Más preocupante aún es que algunos partidos concentren un elevado número de candidatos con antecedentes judiciales. Ello revela una preocupante ausencia de filtros internos. Las organizaciones políticas no pueden seguir escudándose en que la ley permite determinadas postulaciones. La verdadera selección debe comenzar mucho antes de que intervenga el Jurado Electoral Especial. La responsabilidad de presentar candidatos idóneos recae, en primer lugar, en los propios partidos y movimientos regionales.

El caso de candidaturas observadas por no acreditar el cumplimiento de sentencias o la rehabilitación demuestra, además, que persisten deficiencias incluso en la preparación de los expedientes. Si alguien aspira a conducir un gobierno regional o una municipalidad, lo mínimo que se espera es que cumpla rigurosamente con las exigencias legales de su propia inscripción.

Esta realidad también interpela a los electores. Durante años se ha criticado a la clase política, pero muchas veces las urnas terminan premiando a personajes conocidos por sus cuestionamientos judiciales o éticos. La información que hoy forma parte de las hojas de vida no debe convertirse en un simple trámite burocrático. Debe ser una herramienta para emitir un voto informado y responsable.

La transparencia ha mejorado porque hoy los ciudadanos pueden conocer los antecedentes de quienes solicitan su confianza. Sin embargo, la transparencia pierde sentido si no va acompañada de una ciudadanía vigilante y de partidos comprometidos con la integridad.