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Más personal, mejores servicios: el desafío pendiente en Arequipa

Naomi Rodríguez, economista del Consejo Privado de Competitividad
El gasto público en Personal y Obligaciones Sociales (gasto de planilla) ejecutado por los tres niveles de gobierno dentro de la región Arequipa, al cierre del primer semestre, se ha incrementado de manera significativa en los últimos cinco años. Mientras que en el primer semestre de 2021 alcanzó S/ 1 069 millones, en los años siguientes aumentó a S/ 1 140 millones en 2022, S/ 1 374 millones en 2023, S/ 1 405 millones en 2024, S/ 1 493 millones en 2025 y S/ 1 665 millones en 2026. En términos absolutos, esto representa un incremento de S/ 596 millones (+56%).
Este crecimiento sostenido del gasto en planilla plantea el desafío de que mayores recursos se traduzcan en mejores servicios públicos. En salud, la cobertura de vacunación infantil se redujo de 76,7% en 2021 a 73,1% en 2025. En educación, según la ENLA (no se realizó evaluación en 2021), los resultados más recientes muestran brechas importantes: en cuarto de primaria, el porcentaje de estudiantes que alcanzó el nivel esperado en comprensión de textos pasó de 44,7% en 2022 a 41,1% en 2025, mientras que en matemática pasó de 39,0% a 38,5%. En segundo de secundaria, el logro satisfactorio en matemática se mantuvo prácticamente estable (22,4% en 2022 frente a 22,0% en 2025), mientras que en comprensión de textos disminuyó de 22,0% a 18,9%.
En el caso del Gobierno Nacional, el gasto en planilla ejecutado en la región Arequipa aumentó de S/ 364 millones en el primer semestre de 2021 a S/ 371 millones en 2022, S/ 389 millones en 2023, S/ 435 millones en 2024, S/ 463 millones en 2025 y S/ 517 millones en el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento total de 42%. El mayor incremento se registró en el sector justicia, cuyo gasto pasó de S/ 83 millones a S/ 125 millones (+51%) entre el primer semestre de 2021 y el primer semestre de 2026. Le siguieron educación, con un aumento de S/ 84 millones a S/ 116 millones (+39%), y orden público y seguridad, cuyo gasto pasó de S/ 97 millones a S/ 121 millones (+25%).
En el caso del Gobierno Regional de Arequipa, el gasto en planilla aumentó de S/ 577 millones en el primer semestre de 2021 a S/ 621 millones en 2022, S/ 831 millones en 2023, S/ 785 millones en 2024, S/ 827 millones en 2025 y S/ 931 millones en el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento total de 61%. El mayor incremento se registró en el sector Educación, cuyo gasto pasó de S/ 397 millones a S/ 675 millones (+70%) entre el primer semestre de 2021 y el primer semestre de 2026. Le siguió Salud, con un aumento de S/ 251 millones a S/ 339 millones (+35%). En conjunto, ambas funciones concentraron cerca del 96% del gasto en planilla del Gobierno Regional durante el primer semestre de 2026.
Finalmente, en el caso de los gobiernos locales de Arequipa, el gasto en planilla aumentó de S/ 127 millones en el primer semestre de 2021 a S/ 148 millones en 2022, S/ 154 millones en 2023, S/ 185 millones en 2024, S/ 205 millones en 2025 y S/ 216 millones en el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 70%. Dentro de su estructura de gasto, la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia —que comprende actividades como administración municipal, planificación, presupuesto y conducción institucional— concentró el mayor incremento, al pasar de S/ 67 millones en 2021 a S/ 106 millones en 2026 (+59%). Le siguieron ambiente, que aumentó de S/ 32 millones a S/ 58 millones (+80%), y orden público y seguridad, que pasó de S/ 13 millones a S/ 26 millones (+96%).
El incremento del gasto en personal, que como se ha observado ha sido sostenido durante los últimos cinco años, refleja una tendencia sistemática del Estado a ampliar el gasto en planilla. Sin embargo, este mayor esfuerzo presupuestal no necesariamente se ha traducido en mejoras proporcionales en la calidad de los servicios públicos. Ello no significa que una mayor planilla sea negativa: contar con médicos, docentes y servidores públicos suficientes es indispensable para garantizar una adecuada prestación de los servicios públicos. El desafío es que este mayor gasto se traduzca en mejores servicios para la ciudadanía. Para ello, el crecimiento del empleo público debe responder a criterios de mérito, capacidad y desempeño, de modo que contribuya efectivamente a elevar la calidad de los servicios que brinda el Estado.
