Por: Pedro Rodríguez Chirinos.

RERUM NOVARUM

Los primeros mensajes a la Nación constituyen una oportunidad histórica para sentar las bases de la gobernabilidad y renovar la confianza ciudadana, no solo son un ejercicio de democracia, sino las hojas de ruta de una administración en su periodo de gracia. En este primer discurso nos deja la impresión de buscar una imagen de reconciliación y viraje estratégico hacia la estabilidad institucional. Si este llamado se traduce en hechos concretos, vamos a tener una oportunidad de encarar reformas urgentes.

El mensaje se puede dividir en tres grandes destinatarios y sus correspondientes objetivos. En primer lugar, a la clase política y al Congreso, para pactar una tregua y asegurar respaldos legislativos. La segunda instancia, a las élites económicas e inversionistas, a quienes se busca trasmitir seguridad jurídica y estabilidad tributaria. Y, finalmente a la comunidad internacional y ciudadanía, ante quienes se trata de dar una imagen institucional de moderación democrática y aplacar el malestar social mediante unas promesas de orden y firmeza ante el crimen. 

Trata de llamar a una “unidad nacional” difícilmente cala en un país polarizado y exasperado por el desmantelamiento de la gobernabilidad en los últimos años. Pero también se habla de un “reencuentro” el cual se opaca con la escasa legitimidad del origen y el peso de la división del país.

La narrativa presidencial desglosó ambiciosos objetivos – desde el combate frontal a la delincuencia hasta el cierre de brechas sociales – sin ofrecer una hoja de ruta concreta. La ausencia de plazos definidos, de proyecciones presupuestarias transparentes y de mecanismos de rendición de cuentas trasforma lo que debió ser un plan operativo en una declaración de intenciones carente de anclaje fiscal.

En materia de seguridad ciudadana y el orden constitucional, los planteamientos generan serias dudas. Dada la experiencia previa de la bancada oficialista en la erosión de las instituciones y la retórica de la “mano dura”, la práctica demuestra que sin justicia no hay paz sostenible. Las medidas puramente punitivas sin contrapesos judiciales sólidos derivan con frecuencia en el debilitamiento de las garantías individuales y del Estado de derecho.

En materia económica, las promesas de dinamizar la inversión pública y privada chocan con las tensiones de populismo legislativo y la dependencia de los vientos internacionales. El discurso eludió los temas de formalización laboral, los derechos humanos, la modernización tributaria y la diversificación productiva; en su lugar, ofreció anuncios que dejan una rápida satisfacción popular; los ajustes en la remuneración básica o en Pensión 65. Estas propuestas esquivan a las reformas que deberían garantizar la estabilidad frente a la volatilidad de los mercados globales y a la desaceleración del consumo interno.

Para terminar, este mensaje ante la representación nacional se perfila como un ejercicio de comunicación política destinado a garantizar una tregua inicial con el Congreso y las élites económicas. Si la tregua inicial anunciada se complementa con un sustento técnico riguroso, un compromiso transparente con la memoria democrática y un paquete de reformas institucional de peso, el gobierno estará en una capacidad real para construir un mandato con profundas credenciales democráticas y una verdadera cohesión social.

Frente a este escenario, los ciudadanos y las instituciones tienen la posibilidad de asumir un rol vigilante pero propositivo, convirtiendo el escepticismo y la incertidumbre sobre el destino del país, en esperanza.