PJ cambia prisión preventiva de

Cerrón por comparecencia con restricciones

El Poder Judicial dispuso variar la situación legal del exgobernador regional de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, al reemplazar la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra por una medida de comparecencia con restricciones.

La decisión se produce luego de que el Tribunal Constitucional (TC) dejara sin efecto la prisión preventiva dictada contra Cerrón en el marco de una investigación por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su organización política entre los años 2008 y 2021.

De acuerdo con la resolución judicial, Cerrón deberá cumplir una serie de reglas de conducta mientras continúe el proceso. Entre ellas, está la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y la Fiscalía encargada del caso para firmar el cuaderno de control presencial y acreditar sus actividades.

Asimismo, el exgobernador regional no podrá salir del país sin contar previamente con autorización del Poder Judicial. También deberá informar cada treinta días sobre sus actividades y mantener sujeción al proceso judicial.

Como parte de las restricciones impuestas, el dirigente político deberá pagar una caución económica de 30 mil soles, monto que tendrá que ser cancelado dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación de la resolución correspondiente.

Cerrón Rojas permanece en la clandestinidad desde hace casi tres años, luego de recibir una condena judicial por otro caso relacionado con corrupción cuando ejerció funciones como gobernador regional de Junín.

El Tribunal Constitucional confirmó recientemente la nulidad del mandato de prisión preventiva por 24 meses que había sido impuesto contra el fundador de Perú Libre. La decisión fue emitida tras un pedido de aclaración presentado por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien solicitó precisar los alcances de la sentencia emitida por el máximo intérprete de la Constitución.

La investigación fiscal contra Cerrón está vinculada a la presunta captación de aportes irregulares para financiar actividades políticas de Perú Libre durante más de una década. Con la nueva medida, el proceso continuará mientras el Poder Judicial establece las responsabilidades que correspondan.