Por Carlos Meneses

Las autoridades todavía están a tiempo de corregir el rumbo. Pero cada día perdido representa una oportunidad menos para proteger a la población. Si nuevamente el Fenómeno El Niño golpea con fuerza al país, ya no habrá espacio para las excusas. La negligencia también tiene responsables y la historia no debería repetirse por falta de voluntad política y capacidad de gestión.

El Perú vuelve a enfrentar una amenaza conocida. Los pronósticos sobre la posible ocurrencia de un Fenómeno El Niño Costero durante los próximos meses no son una sorpresa. Los informes técnicos se conocen con anticipación, los recursos económicos han sido transferidos por el Gobierno central y las zonas vulnerables están plenamente identificadas. Sin embargo, una vez más, la inacción de gobiernos regionales y municipales pone en riesgo la vida de miles de ciudadanos.

La reciente alerta de la Contraloría General de la República resulta tan preocupante como indignante. El organismo de control ha confirmado que numerosas autoridades regionales y locales presentan una ejecución presupuestal mínima o, en algunos casos, inexistente en las acciones destinadas a prevenir inundaciones, desbordes de ríos y deslizamientos. No se trata de falta de dinero, sino de falta de gestión.

La historia demuestra que cada sol invertido en prevención evita pérdidas mucho mayores durante una emergencia. No obstante, muchas autoridades parecen actuar únicamente cuando el desastre ya ocurrió, cuando las carreteras están destruidas, los puentes colapsados, las viviendas inundadas y las familias lo han perdido todo. Esa cultura de la improvisación sigue costándole millones de soles al Estado y, lo que es más grave, vidas humanas.

Las observaciones realizadas por la Contraloría revelan un panorama desalentador. Ríos sin descolmatar, defensas ribereñas deterioradas, maleza acumulada en cauces y estructuras de protección en evidente abandono son señales de una preocupante desidia. El caso de la cuenca del río Piura, donde las geobolsas presentan serios daños, demuestra que las lecciones del devastador Niño Costero de 2017 parecen haber sido olvidadas.

Arequipa tampoco puede sentirse ajena a esta realidad. La región registra más de 60 puntos críticos identificados por las autoridades técnicas y dispone de aproximadamente 72 millones de soles para ejecutar obras de prevención. Sin embargo, apenas se ha utilizado alrededor del 1 % de esos recursos. La cifra resulta inaceptable en una región que cada temporada de lluvias enfrenta activación de quebradas, huaicos y desbordes que afectan carreteras, infraestructura agrícola y centros poblados.

La responsabilidad no recae únicamente en los gobiernos regionales. Muchas municipalidades continúan mostrando una preocupante incapacidad para ejecutar proyectos básicos de limpieza de torrenteras, mantenimiento de drenajes y reforzamiento de infraestructura vulnerable. Mientras tanto, el calendario avanza y el margen de tiempo para actuar se reduce.

La prevención no genera titulares espectaculares ni inauguraciones multitudinarias, pero salva vidas. Gobernar implica anticiparse a los problemas y no reaccionar cuando la tragedia ya ocurrió. La ciudadanía tiene derecho a exigir que los recursos públicos sean utilizados con eficiencia y oportunidad.