La excesiva tramitología se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la inversión y el crecimiento económico del Perú. Hoy, desarrollar un proyecto implica enfrentar un Estado fragmentado, donde un mismo expediente puede requerir decenas de permisos emitidos por múltiples entidades, bajo criterios distintos, plazos inciertos y escasa coordinación institucional. El resultado es un sistema que encarece las inversiones, retrasa su ejecución y reduce la competitividad del país.

Los procedimientos administrativos continúan caracterizándose por su complejidad, requisitos innecesarios, demoras y sobrecostos, en un contexto de limitada digitalización, baja interoperabilidad entre entidades y dispersión normativa. Como consecuencia, el Perú ocupa el puesto 60 de 70 economías en eficiencia del gobierno según el Ranking Mundial de Competitividad 2026. Además, pese a los avances en mejora regulatoria, el stock de procedimientos continúa creciendo: entre 2017 y junio de 2026 se validaron 1 479 procedimientos mediante el Análisis de Calidad Regulatoria, de los cuales 830 correspondieron a nuevos trámites.

El sector minero ilustra con claridad los costos de la excesiva tramitología. El Perú posee una importante cartera de proyectos de inversión minera (66 proyectos con una inversión acumulada de USD 64 075 millones), pero el sector enfrenta una regulación compleja, con más de 230 procedimientos administrativos y la participación de alrededor de 30 actores en la tramitación de un proyecto. La aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados puede tardar hasta cuatro veces más que los plazos previstos por ley y el inicio de operaciones de un proyecto puede extenderse hasta 40 años desde el descubrimiento del yacimiento, frente a un promedio mundial de 28 años. De hecho, los procedimientos administrativos y los requisitos técnicos explican aproximadamente el 75% de los retrasos de los proyectos. Estas deficiencias también han deteriorado el atractivo del Perú como destino de inversión. Ello se refleja en la Encuesta Anual de Empresas Mineras del Fraser Institute, donde el país ha perdido 27 posiciones desde 2018, ubicándose actualmente en el puesto 41, por detrás de Chile y México.

Las implicancias económicas de esta situación son significativas considerando la importancia del sector minero en el país. Cada proyecto que permanece detenido implica empleos que no se crean, proveedores que no venden, infraestructura que no se construye y menores ingresos por canon y regalías para las regiones. Según estimaciones de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, un retraso de cuatro años en la ejecución de un proyecto minero puede traducirse en pérdidas superiores a S/12 000 millones del Producto Bruto Interno y alrededor de S/2 066 millones en recaudación tributaria.

En este contexto, la propuesta de delegación de facultades busca atender varios de los cuellos de botella que hoy afectan el desarrollo de proyectos mineros. Entre las principales medidas destacan la simplificación de los procedimientos de autorización, la racionalización de requisitos, la ampliación del uso del silencio administrativo positivo y la revisión de los instrumentos de gestión ambiental para hacerlos más ágiles y proporcionales al riesgo de los proyectos. Asimismo, se plantea fortalecer el rol del SENACE como entidad responsable de realizar una evaluación integral de los instrumentos de gestión ambiental, reduciendo la dependencia de múltiples opiniones técnicas vinculantes que hoy generan retrasos en la certificación ambiental.

Más allá de las reformas específicas para la actividad minera y ambiental, la propuesta incorpora también agenda más amplia de modernización administrativa orientada a simplificar y estandarizar trámites, fortalecer la transformación digital, eliminar barreras burocráticas y mejorar la calidad regulatoria. Si estas medidas logran implementarse de manera efectiva, el país podría avanzar hacia un Estado con procedimientos más simples, menores costos de transacción y mayor predictibilidad para ciudadanos y empresas. El reto será que esta agenda trascienda las modificaciones normativas y se traduzca en un cambio real en la forma en que el Estado regula y presta sus servicios.