La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados inició ayer lunes sus funciones con la evaluación de la denuncia presentada contra el legislador de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su expareja.

El caso fue llevado ante este grupo de trabajo por el diputado Christian Aranda, de Renovación Popular, quien solicitó que Pérez Mallqui sea suspendido por 120 días del ejercicio de sus funciones, medida que, según explicó, constituye la máxima sanción prevista por el reglamento parlamentario.

El expediente contiene diversos elementos que serán evaluados por la Comisión de Ética, entre ellos grabaciones de cámaras de videovigilancia, certificados médico-legales, registros de llamadas, conversaciones por chat y partes policiales.

De acuerdo con la denuncia, los presuntos actos de violencia no se habrían limitado al ámbito privado, pues uno de los episodios habría ocurrido dentro de una dependencia policial. Según el expediente, el legislador habría realizado una acción para hacer trastabillar a su expareja.

Aranda también señaló que Pérez Mallqui registra antecedentes y mencionó que en la declaración jurada presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones figuran condenas previas relacionadas con delitos de falsedad genérica.

El legislador indicó que, si paralelamente se determina responsabilidad en una investigación de la Fiscalía Suprema de Familia, el caso podría ser remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, instancia que evaluaría las acciones correspondientes.

Durante sus declaraciones, Aranda también se refirió a las visitas de congresistas de Juntos por el Perú al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. Según información difundida previamente, se habrían registrado más de 60 ingresos entre octubre de 2024 y febrero de este año.

La Comisión de Ética deberá analizar las pruebas y determinar si corresponde imponer la sanción solicitada contra Pérez Mallqui.