PJ rechaza hábeas corpus que

pedía libertad de Pedro Castillo

El Poder Judicial declaró improcedente la última demanda de hábeas corpus presentada a favor del expresidente Pedro Castillo, mediante la cual su defensa buscaba que se ordenara su inmediata libertad. La decisión fue adoptada por la jueza constitucional de Lima, Ana Osorio, quien consideró que los argumentos planteados no permiten modificar las decisiones judiciales que mantienen privado de libertad al exmandatario.

El recurso fue presentado por el abogado y exministro de Defensa, Walter Ayala, quien sustentó su pedido en las conclusiones de un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dicho organismo consideró arbitraria la detención de Castillo tras los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022 y recomendó su liberación.

Sin embargo, la magistrada señaló que las opiniones emitidas por este grupo de trabajo no tienen carácter jurisdiccional ni son vinculantes para el Estado peruano. Para sustentar su decisión, tomó en cuenta un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional sobre la naturaleza de este organismo de Naciones Unidas.

Según la resolución judicial emitida el 14 de agosto, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria forma parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y tiene un origen extraconvencional. Por ello, el Estado peruano no se habría sometido expresamente a su jurisdicción.

La demanda buscaba además dejar sin efecto diversas decisiones adoptadas contra Castillo. Entre ellas se solicitaba anular las resoluciones legislativas que aprobaron su vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y el levantamiento de su antejuicio político.

Asimismo, la defensa pretendía que se anulara la condena de 11 años, 5 meses y 15 días impuesta al expresidente por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema el 4 de diciembre de 2025, por el delito de conspiración para rebelión relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022.

El recurso también cuestionaba la prisión preventiva dictada contra Castillo dentro de la investigación preparatoria por los presuntos delitos de organización criminal y otros, vinculados con los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

Con esta decisión, la vía constitucional planteada por la defensa no prosperó y se mantienen vigentes las resoluciones judiciales que sustentan la privación de libertad del expresidente.