El problema de acceso al agua potable persiste en el país. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la cobertura de agua por red pública cayó de 83,9% en 2017 a 83,3% en 2025. Las mayores brechas se concentran en las ciudades, mientras que las deficiencias de gestión de las empresas prestadoras agravan el problema.

SEGÚN INFORME DE IPE

El acceso al agua por red pública continúa siendo una deuda pendiente para millones de peruanos. Aunque entre 2017 y 2025 el número de personas atendidas aumentó de 24,7 a 27,1 millones, este crecimiento no fue suficiente para acompañar el incremento de la población. Como resultado, la cobertura nacional retrocedió de 83,9% a 83,3%, según los Censos de Población y Vivienda del INEI.

Esto significa que más de cinco millones de personas todavía no cuentan con acceso a agua mediante la red pública, alrededor de 670 mil más que en 2017.

El mayor retroceso se concentra en las zonas urbanas. La cobertura disminuyó de 90,5% a 88,7% entre 2017 y 2025, mientras que el número de personas sin acceso al servicio aumentó en más de 700 mil. Actualmente, más de la mitad de los peruanos que carecen de agua por red pública viven en ciudades.

El IPE atribuye parte de este problema al crecimiento desordenado e informal de las urbes. En 2025, casi dos de cada tres viviendas urbanas eran informales, situación que dificulta y encarece la ampliación de las redes de agua y saneamiento.

En las zonas periurbanas de Lima Metropolitana y Callao, por ejemplo, el costo unitario de una conexión puede llegar a ser hasta 25 veces mayor, de acuerdo con información de la Sunass.

Las diferencias entre regiones también son marcadas. Mientras Callao, Lima Metropolitana, Apurímac y Moquegua superan el 90% de cobertura, Loreto apenas llega al 46%, Puno al 59% y Ucayali al 64%. Además, la cobertura retrocedió en 14 de las 26 regiones entre 2017 y 2025. Las mayores caídas se registraron en Madre de Dios, con 11.5 puntos porcentuales menos; Tumbes, con 10.5 puntos; Lambayeque, con 10.3; y Loreto, con 9.3.

NO BASTA CON TENER CONEXIÓN

Contar con una conexión a la red tampoco garantiza un servicio continuo ni agua de calidad. A nivel nacional, la población que no recibe agua todos los días disminuyó ligeramente, de 13,5% en 2017 a 12,2% en 2025. Sin embargo, la situación es crítica en algunas regiones.

Tumbes registra que 47% de su población no recibe agua diariamente, seguida por Piura con 39% e Ica con 37%. En contraste, en Callao, Lima Metropolitana y Tacna el indicador es inferior al 5%.

También existen problemas relacionados con las horas de abastecimiento. La población que recibe agua menos de 12 horas al día bajó de 31% a 27% a nivel nacional, pero cinco regiones registraron un deterioro. Tumbes tuvo el mayor retroceso, con un aumento de 10 puntos porcentuales, seguido de Junín con 8 y Lambayeque con 5.

La brecha más preocupante aparece cuando se evalúa la calidad del agua. En 2025, solo el 41,7% de la población tuvo acceso a agua segura. En 13 regiones, menos de uno de cada cinco habitantes contó con este servicio.

La situación es especialmente grave en la Amazonía. Con excepción de Madre de Dios, que alcanza 72%, las demás regiones amazónicas presentan coberturas inferiores al 20%. Loreto registra apenas 7,3% y Amazonas, 12,3%.

EMPRESAS CON GESTIÓN DEFICIENTE

Las dificultades no solo están relacionadas con la expansión urbana. También existen importantes deficiencias en las empresas responsables de prestar el servicio.

De las 50 empresas prestadoras de agua y saneamiento existentes en el país, 38 no facturan al menos el 30% del agua que producen. Entre las causas se encuentran las fugas y las conexiones clandestinas. En seis empresas, la proporción de agua que no llega a ser facturada supera incluso el 50%.

Los casos más críticos corresponden a Agua Tumbes, que registra 69,9% de agua no facturada; EPS Grau de Piura, con 62,5%; y Sedaloreto, con 60,5%.

A este problema se suma la deficiente medición del consumo. En 13 empresas, menos de la mitad de las conexiones cuenta con un medidor, lo que dificulta conocer cuánto consume realmente cada usuario y reduce la capacidad de las prestadoras para controlar sus pérdidas.

La situación financiera tampoco es favorable. En 13 empresas, los costos operativos superan sus ingresos, mientras que 20 se encuentran bajo administración del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) debido a problemas de gestión que comprometen su sostenibilidad operativa y financiera.

Estas deficiencias terminan reduciendo la capacidad de las empresas para mantener sus redes, controlar las pérdidas y financiar nuevas inversiones.

UN RETO PARA LAS AUTORIDADES

El problema cobra especial relevancia de cara a las elecciones subnacionales de octubre. El IPE plantea que el cierre de las brechas de agua y saneamiento debe convertirse en una prioridad de los gobiernos regionales y municipales.

Los gobiernos regionales tienen responsabilidades en la planificación, articulación y financiamiento de inversiones, mientras que las municipalidades cumplen un papel fundamental en el ordenamiento urbano y la prestación de determinados servicios.

Sin embargo, la capacidad de ejecución continúa siendo un obstáculo. Al cierre de agosto de 2026, ocho gobiernos regionales habían ejecutado menos de la mitad de su presupuesto destinado al saneamiento urbano y rural.

El IPE plantea que cerrar las brechas requiere frenar la expansión urbana informal, fortalecer la capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales y mejorar la gestión de las empresas prestadoras.

También considera necesario consolidar un marco institucional sólido y ampliar la participación privada, con el objetivo de incorporar capital, capacidad de gestión e incentivos que permitan mejorar tanto la cobertura como la calidad del servicio.

El desafío no se limita, por tanto, a instalar nuevas tuberías. El país necesita reducir las pérdidas de agua, mejorar la continuidad del servicio, garantizar su calidad y lograr que las empresas prestadoras tengan capacidad financiera y administrativa para sostener las redes existentes y ampliar su cobertura. Mientras ello no ocurra, millones de peruanos seguirán teniendo agua de manera limitada o sin garantías de calidad.