Las guardias hospitalarias cuya prestación efectiva no pudo ser acreditada ocasionaron un perjuicio económico de S/32 mil 714.54 en el Hospital III Goyeneche. La Contraloría detectó que 34 servidores vinculados con la programación, liquidación y pago de estos turnos no contaron con documentación suficiente para demostrar que las jornadas habían sido cumplidas antes de autorizarse los desembolsos.

El Informe de Auditoría N.° 010-2026-2-0663-AC identificó deficiencias en los controles aplicados por el nosocomio para verificar la ejecución de las guardias. Los servidores formularon liquidaciones y autorizaron compromisos de pago sin acreditar la prestación efectiva del servicio, situación que, de acuerdo con el órgano de control de la Gerencia Regional de Salud, afectó el uso eficiente de los recursos públicos y ocasionó el perjuicio económico determinado.

La auditoría también encontró irregularidades en la programación de los turnos. El hospital asignó guardias en unidades orgánicas que no estaban comprendidas en el marco normativo aplicable y, en aquellas que sí estaban habilitadas, superó el límite ordinario de ocho guardias mensuales. En estos casos, no se presentó documentación que sustentara que los excesos tenían carácter extraordinario y temporal.

Ante estas deficiencias, la Contraloría recomendó implementar un control previo a la aprobación de los roles de guardias. Este mecanismo deberá verificar que la programación corresponda únicamente a unidades y servicios habilitados y que no se exceda el límite ordinario de ocho guardias mensuales. Cuando sea necesario superar ese número, deberá existir una justificación documentada que acredite su carácter extraordinario y temporal, además de la autorización de la instancia competente.

El control también deberá aplicarse antes de la liquidación y el pago. La Oficina de Personal tendrá que comprobar que cada guardia haya sido aprobada y efectivamente cumplida mediante las marcaciones biométricas, los registros de ingreso y salida y los reportes de asistencia y permanencia. También deberá verificarse la documentación administrativa que sustente cada pago.

La Contraloría identificó a 24 funcionarios y servidores comprendidos en los hechos observados y recomendó determinar las responsabilidades correspondientes. Además, planteó iniciar acciones civiles contra cinco de ellos. Entre estos figura Frida Felipa Damiani Álvarez, directora de la Oficina Ejecutiva de Administración entre el 19 de noviembre de 2024 y el 19 de agosto de 2025; y Luis Enrique Pérez Ayala, jefe de la Oficina de Personal entre el 25 de octubre de 2024 y el 7 de febrero de 2025. También está comprendido Raúl Esteban Fernández Suárez, quien ocupó la jefatura de la Oficina de Personal entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 2024.

La relación incluye además a Edgar Emilio Zapana Pacheco, técnico Administrativo III de la Oficina de Personal entre julio y diciembre de 2024; y Mirla Paola Bernedo Ordóñez, directora de la Oficina Ejecutiva de Administración entre el 15 de marzo y el 18 de noviembre de 2024. La Contraloría recomendó que su Procuraduría Pública inicie acciones civiles contra estos cinco funcionarios y servidores por los hechos vinculados con el perjuicio económico. Asimismo, el órgano de control recomendó formalizar un procedimiento para regular la programación, aprobación, modificación y liquidación de las guardias, además de implementar el Archivo Institucional y reforzar la seguridad del sistema de asistencia.