La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados rechazó otorgar al Poder Ejecutivo facultades legislativas para aprobar medidas en materia económica, pese a los intentos de representantes de Fuerza Popular para que algunas de las propuestas fueran respaldadas.

9 VOTOS A FAVOR, 5 EN CONTRA Y 2 ABSTENCIONES

El informe que recomienda no conceder las facultades fue aprobado con nueve votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. El documento será remitido a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, que tendrá a su cargo la elaboración del dictamen final sobre la solicitud del Ejecutivo.

El pedido gubernamental contempla 95 componentes y plantea una delegación de facultades por un periodo de 120 días calendario. De ese conjunto, 16 materias corresponden directamente a la Comisión de Economía.

El informe concluye que no resulta viable conceder las facultades en ninguno de los 16 extremos evaluados por este grupo parlamentario. Entre los argumentos expuestos figuran deficiencias en la delimitación de las propuestas, falta de información suficiente sobre las obligaciones y eventuales riesgos fiscales para el Estado, además de una débil vinculación entre los problemas identificados y las reformas legales planteadas.

Durante la sesión, la congresista de Fuerza Popular Rosangella Barbarán presentó dos cuestiones previas. La primera buscaba someter a votación un informe en minoría favorable a la delegación de facultades, mientras que la segunda planteaba que las materias fueran votadas de manera individual. Ambas propuestas fueron rechazadas.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Entre las materias solicitadas por el Ejecutivo figuran medidas destinadas a impulsar la reactivación económica, promover la formalización de micro y pequeñas empresas, ampliar el crédito para los sectores agrario y pesquero, modernizar los regímenes tributarios y aduaneros y flexibilizar procedimientos vinculados con las Asociaciones Público-Privadas.

También se planteó agilizar autorizaciones para proyectos incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura.

Uno de los puntos que generó mayor discrepancia fue la propuesta para derogar la ley que establece topes a las tasas de interés. El informe de la comisión sostiene que las tasas promedio aplicadas por bancos, financieras y cajas municipales se encuentran por debajo del límite de 114,13 % anual establecido por la legislación, por lo que considera que no existe evidencia de una restricción generalizada.

La comisión también cuestionó propuestas relacionadas con la integración tributaria y el silencio administrativo positivo en infraestructura, debido a la ausencia de parámetros suficientes sobre recaudación y a los riesgos que podrían generar.

Con esta decisión, son al menos ocho las comisiones parlamentarias que han rechazado diferentes aspectos del pedido de facultades. Sin embargo, estos pronunciamientos no son vinculantes. La Comisión de Constitución deberá evaluar los informes y elaborar el dictamen que continuará con el trámite legislativo correspondiente.