Por Andrea Flores

Las encuestas electorales cumplen una función importante: permiten conocer, en un momento determinado, qué piensa una parte de la ciudadanía sobre los candidatos, sus propuestas y el escenario político. Pero una encuesta no es una elección anticipada ni una sentencia sobre quién ganará. Es una fotografía, y como toda fotografía depende del momento, del encuadre y de la técnica utilizada.

El problema aparece cuando esa herramienta se convierte en un instrumento de propaganda.

Una encuesta puede ser técnicamente válida y, aun así, ser utilizada de manera interesada. Basta con seleccionar determinados resultados, ocultar otros, destacar una diferencia mínima como si fuera decisiva o presentar una medición aislada como una tendencia consolidada. También puede influir la forma de formular las preguntas, la selección de la muestra, las ponderaciones y el modelo utilizado para identificar a los votantes.

Por eso la transparencia resulta fundamental. En el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones exige que las encuestadoras que difunden estudios electorales estén inscritas en el Registro Electoral de Encuestadoras y que presenten información sobre la muestra, metodología, margen de error, nivel de confianza, trabajo de campo y financiamiento, entre otros aspectos.

El ciudadano tiene derecho a conocer esos datos antes de sacar conclusiones. No es lo mismo informar que un candidato registra 20% de intención de voto que explicar que existe un margen de error, que la medición corresponde a una fecha determinada y que existe un porcentaje de electores que todavía no ha decidido su voto.

La manipulación también puede producirse desde quienes difunden las encuestas. Una cifra repetida diariamente puede instalar la sensación de que existe un candidato inevitablemente ganador o, por el contrario, que una candidatura está fuera de competencia. Esa percepción puede modificar comportamientos: algunos electores pueden acercarse al que consideran ganador, otros abandonar una opción que perciben sin posibilidades y otros votar estratégicamente.

La propia literatura especializada advierte que las encuestas son estimaciones del momento y no pronósticos del resultado electoral. Además, errores de muestreo, falta de respuesta y modelos de participación pueden afectar sus resultados.

Incluso la publicación selectiva puede distorsionar la percepción. La AAPOR advierte que candidatos o patrocinadores partidarios pueden difundir solo las mediciones que favorecen determinada narrativa.

En una democracia, el problema no es que existan encuestas. El problema comienza cuando se pretende convertirlas en propaganda disfrazada de información. Una encuesta responsable debe servir para comprender al electorado, no para decirle qué debe pensar.

Al ciudadano corresponde mirar la metodología antes que el titular, comparar mediciones y recordar algo elemental: el resultado de una encuesta pertenece al pasado inmediato; el voto pertenece al ciudadano y se decide el día de la elección.