Desde el pasado 10 de julio, la fiscalización laboral de las microempresas retornó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Sin embargo, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) todavía no cuenta con suficientes inspectores para ejercer plenamente esta competencia. El cambio se produjo tras el vencimiento del periodo temporal que permitió a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asumir esta función durante ocho años.

El retorno de las competencias se produjo luego del vencimiento del plazo establecido por la Ley N.° 30814, que en 2018 transfirió temporalmente a SUNAFIL las funciones inspectivas correspondientes a los gobiernos regionales. Concluido el periodo previsto, estas atribuciones regresaron a las direcciones y gerencias regionales de Trabajo. Aunque en el Congreso existen propuestas que plantean el retorno o la ampliación, el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL ya adoptaron medidas para transferir el acervo documentario y facilitar la continuidad de las actuaciones inspectivas.

El retorno de esta atribución ocurre en un sector donde la informalidad laboral es mayoría. La gerente regional de Trabajo, Catherine Rodríguez Torreblanca, explicó que las microempresas concentran buena parte de la intervención regional. “En Arequipa un alto porcentaje del movimiento económico, casi el 90%, está en la micro y pequeña empresa. Entonces la mayor informalidad también radica allí. Sea por desconocimiento, por desidia o por otras razones. Es ahí donde estaremos pendientes”, señaló.

No obstante, la GRTPE aún no tiene la capacidad operativa completa para desarrollar las inspecciones. “Al día de hoy ya estamos recibiendo algunas quejas y denuncias. Las estamos resolviendo de la mejor manera porque todavía no contamos con los inspectores suficientes, aún estamos en esa gestión”, indicó Rodríguez Torreblanca. Mientras se concreta la incorporación de personal, la entidad viene priorizando acciones de prevención, capacitación, orientación y conciliación para atender los conflictos laborales.

La presión sobre la GRTPE ya se refleja en la atención de controversias laborales. Rodríguez Torreblanca señaló que las conciliaciones pasaron de entre una a dos solicitudes diarias a tres o cuatro, principalmente por casos de falta de pago de remuneraciones, despidos y contrataciones irregulares. El retorno de la fiscalización, por tanto, no se reducirá a un cambio de competencia, sino que plantea el reto de recuperar una capacidad inspectiva que permita que el Estado llegue a las microempresas.