La bancada de Obras en la Cámara de Diputados anunció que respaldará la moción de censura que impulsa Juntos por el Perú (JPP) contra el ministro del Interior, César Astudillo, en medio de los cuestionamientos a la respuesta del Gobierno frente al avance de la criminalidad.

El vocero de Obras, Víctor Piñán, confirmó la decisión y señaló que su bancada considera necesario que el titular del Ministerio del Interior responda políticamente por la conducción del sector. El anuncio se produce luego de que JPP comunicara que promoverá la censura tras el asesinato de Susy Aponte Polo, candidata a gobernadora de Áncash.

Piñán sostuvo que la ciudadanía demanda seguridad y resultados frente a la delincuencia. A través de sus redes sociales, afirmó que no pueden permanecer indiferentes ante los hechos de violencia que continúan cobrando víctimas en el país.

La moción promovida por JPP fue anunciada por su vocero, Ernesto Zunini, quien cuestionó la respuesta de las autoridades frente al asesinato de Aponte. Según señaló, la candidata había denunciado previamente amenazas contra su vida y pidió esclarecer qué acciones se adoptaron para protegerla.

El pedido de censura ocurre después de que el ministro Astudillo acudiera a la Cámara de Diputados en el marco de una interpelación aprobada por el pleno. La moción de interpelación cuestionó, entre otros aspectos, presuntas designaciones irregulares y la conducción de la política de seguridad ciudadana.

Desde el Ejecutivo también surgieron cuestionamientos al anuncio de censura. El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, sostuvo que el Gobierno respeta las facultades de fiscalización del Congreso, pero consideró que la rapidez con la que se plantean interpelaciones y censuras merece atención. Asimismo, pidió priorizar herramientas para enfrentar la inseguridad.

El escenario abre ahora un nuevo debate político en la Cámara de Diputados, donde deberá continuar el trámite correspondiente de la moción. La eventual censura dependerá de los respaldos que consiga la iniciativa y de la votación que se produzca en el Parlamento.

La discusión se desarrolla mientras el Gobierno enfrenta presiones para fortalecer su respuesta frente al crimen organizado y, paralelamente, mantiene pendiente ante el Congreso su solicitud de delegación de facultades legislativas.