Por Carlos Meneses

El Honorio Delgado necesita gestión, previsión y control. Porque en un hospital público, la enfermedad ya representa suficiente angustia. La falta de una gasa, una aguja o un medicamento no puede convertirse además en una factura para la familia.

Que en el Hospital Regional Honorio Delgado falten agujas, guantes, gasas, recipientes para muestras y medicamentos no puede asumirse como una incomodidad más dentro de la atención pública. Cuando una familia llega con un paciente enfermo y termina recorriendo farmacias para conseguir materiales básicos, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una falla que golpea directamente al ciudadano.

Los testimonios de familiares no hablan solamente de medicamentos costosos o tratamientos especializados. Hablan de insumos elementales que deberían estar disponibles para garantizar una atención oportuna. Y si a ello se suman denuncias sobre falta de sábanas, problemas en los servicios higiénicos y deterioro de la infraestructura, la situación adquiere una dimensión mucho más preocupante.

El Honorio Delgado es el principal hospital regional y recibe diariamente a pacientes de Arequipa y de otras provincias. Precisamente por esa responsabilidad, no puede funcionar bajo una lógica en la que las familias tengan que resolver por su cuenta aquello que corresponde garantizar al sistema de salud.

Lo más grave es que estas denuncias no aparecen aisladas. Durante el año se han reportado dificultades con medicamentos e insumos para pacientes de Hemodiálisis y diálisis peritoneal, así como casos en los que familiares tuvieron que asumir costos importantes para procedimientos médicos. La reiteración de estos episodios obliga a preguntar qué está fallando en la planificación de compras, el abastecimiento, el almacenamiento y la distribución.

La respuesta no puede limitarse a explicar que existen procesos de adquisición en marcha. Un paciente no puede esperar a que termine una licitación para recibir una atención adecuada. Tampoco puede convertirse a los familiares en compradores permanentes de un hospital que debería contar con una programación suficiente de sus necesidades.

Y mientras se discute el abastecimiento, la infraestructura también reclama atención. La declaratoria de emergencia del hospital por 180 días debe traducirse en acciones concretas, con cronogramas, presupuesto y responsables identificables. No puede convertirse en otra declaratoria que pierda fuerza después de la fotografía y el anuncio oficial.

La Gerencia Regional de Salud y la dirección del hospital tienen que informar públicamente qué insumos faltan, cuánto se ha comprado, cuánto está pendiente de adquisición y cuándo se normalizará el abastecimiento. La transparencia no es un trámite: es una obligación frente a pacientes que están pagando de su bolsillo.