La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por los presuntos delitos de acoso y coacción, debido a expresiones agraviantes dirigidas contra el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo.

El procurador público del JNE, Ronald Angulo, informó que la denuncia fue ingresada el 30 de octubre ante la Fiscalía de turno del distrito de Lurín. La acción legal se sustenta en los presuntos delitos de acoso, tipificado en el artículo 151-A del Código Penal, y coacción.

Según explicó, el 24 de octubre, durante una presentación pública realizada en Lurín, el candidato Carlos Álvarez habría emitido expresiones de connotación sexual y agraviante contra Burneo, reproduciendo afirmaciones de similar naturaleza que López Aliaga formuló en abril pasado.

Angulo señaló que la Procuraduría decidió intervenir al considerar que las declaraciones habrían sobrepasado los límites del cuestionamiento legítimo a las decisiones jurisdiccionales o administrativas del titular del JNE.

Asimismo, sostuvo que las expresiones tendrían un carácter degradante y podrían buscar condicionar los pronunciamientos de Burneo en el ejercicio de sus funciones, afectando la independencia que debe garantizarse en una institución electoral.

“Todos tienen derecho a la integridad, a la tranquilidad pública, a la libertad, que justamente son los bienes jurídicos protegidos en este delito denunciado”, manifestó el procurador.

El representante legal del JNE recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido jurisprudencia, mediante el expediente 2976-2012, sobre la diferencia entre las críticas legítimas dirigidas a funcionarios públicos y las expresiones vejatorias o insultantes que pueden vulnerar derechos fundamentales.

En ese sentido, indicó que la denuncia responde a declaraciones que son de conocimiento público y que, según la Procuraduría, se habrían formulado de manera reiterada.

La institución considera que el cuestionamiento a las autoridades electorales debe mantenerse dentro de los márgenes del respeto a sus derechos fundamentales y a la independencia institucional.

Ahora corresponderá al Ministerio Público evaluar los hechos denunciados y determinar si existen elementos suficientes para iniciar las acciones fiscales correspondientes. La presentación de la denuncia no implica que los señalados sean responsables de los delitos atribuidos.