Por Carlos Meneses

Arequipa no puede resignarse a que salir de una cancha deportiva, abrir un negocio o transitar por una calle implique el riesgo de morir a balazos. La ciudadanía no necesita más promesas de mano dura. Necesita autoridades que recuperen el control de las calles y garanticen que la vida y la tranquilidad no estén sometidas al poder de los criminales.

Los asesinatos por encargo, los ataques a balazos y las extorsiones están dejando de ser hechos excepcionales para convertirse en una amenaza recurrente en Arequipa. La sucesión de crímenes registrados en distintos distritos revela un problema de seguridad ciudadana que las autoridades no están consiguiendo contener. La violencia avanza y la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente.

El último caso ocurrió la noche del 30 de octubre. Yelvis Daniel Herrera Cabezas, de apenas 18 años, fue asesinado de cinco disparos cuando salía de jugar fulbito, cerca de la explanada Dolores, en José Luis Bustamante y Rivero. Una actividad cotidiana terminó en un nuevo episodio de violencia mortal. La Policía investiga el ataque, pero la identificación y captura de los responsables todavía es una tarea pendiente.

Este crimen no es un hecho aislado. El 5 de mayo, David Guacarán y Jesús Martínez, ambos ciudadanos venezolanos, fueron asesinados en Miraflores. Un mes antes, el 2 de abril, Cleiber Joel Silva, de 39 años, murió en un ataque ocurrido en Socabaya. Tres distritos distintos, víctimas de una misma nacionalidad y una modalidad criminal que obliga a investigar posibles conexiones, sin adelantar conclusiones que corresponden a las autoridades.

Los antecedentes tampoco son recientes. En enero y marzo de 2024 se reportaron otros tres ciudadanos venezolanos asesinados en ataques atribuidos a sicarios. La repetición de estos episodios demuestra que la violencia criminal no está siendo enfrentada con la eficacia que demanda la población.

El problema no se limita a los homicidios. Las denuncias de extorsión, las amenazas y el temor de comerciantes, transportistas y pequeños empresarios configuran un escenario en el que la delincuencia pretende imponer sus propias reglas. Cuando una persona debe pagar para trabajar o teme convertirse en víctima de un atentado, el Estado está perdiendo el control de espacios que debería proteger.

No basta con anunciar operativos, incrementar patrullajes o presentar estadísticas de intervenciones. La seguridad no se mide por la cantidad de conferencias de prensa, sino por la capacidad de prevenir los delitos, identificar a las organizaciones criminales, capturar a sus integrantes y conseguir que respondan ante la justicia.

La Policía, el Ministerio Público, el Gobierno Regional y las municipalidades deben dejar de actuar de manera dispersa. Se necesita inteligencia policial, investigación criminal, coordinación permanente y resultados verificables. También corresponde esclarecer si los asesinatos responden a disputas entre organizaciones delictivas y determinar quiénes están detrás de las amenazas y extorsiones.