IPE advierte que 3.5 millones de viviendas presentan materiales inadecuados en 768 distritos con alto riesgo de inundación. Casi 27 mil colegios públicos están en riesgo de colapso y el 48% de las carreteras asfaltadas y afirmadas podría verse afectado por lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño.

ESTÁN EXPUESTAS A INUNDACIONES

Más de 11 millones de peruanos habitan viviendas construidas con materiales precarios en distritos expuestos a inundaciones, una situación que evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura del país frente a lluvias intensas y otros fenómenos naturales. La alerta fue formulada por el Instituto Peruano de Economía (IPE), que advierte que las deficiencias no solo afectan a las viviendas, sino también a colegios, carreteras, comisarías y redes de agua y desagüe.

De acuerdo con el análisis del IPE, elaborado con información del Censo 2025 y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), existen 768 distritos con riesgo alto o muy alto de inundación ante lluvias intensas. En estas jurisdicciones se identificaron 3.5 millones de viviendas con paredes, techos o pisos construidos con materiales inadecuados. En ellas residen aproximadamente 11.2 millones de personas.

El problema es especialmente preocupante por las características de las edificaciones. El 92% de estas viviendas tiene techos de materiales precarios, como calamina, estera o caña con barro; mientras que el 64% presenta paredes de adobe, tapia o quincha y el 43% tiene pisos de tierra.

La exposición es mayor en algunas regiones de la selva y el norte del país. En Loreto, Ucayali y Tumbes, más del 80% de la población que vive en distritos de alto riesgo de inundación ocupa viviendas con estas características.

El diagnóstico cobra relevancia ante las perspectivas de lluvias superiores a lo normal en los próximos meses y la posibilidad de que el Fenómeno El Niño intensifique las precipitaciones en diferentes zonas del territorio nacional. El IPE recuerda que Perú es el quinto país de América Latina más expuesto a amenazas naturales, como terremotos, inundaciones, sequías y epidemias, según el Inform Risk Index 2026 de la Comisión Europea.

Sin embargo, la magnitud de los daños no depende únicamente de la intensidad de los fenómenos naturales, sino también de las condiciones en las que se encuentran las ciudades y los servicios que deben responder ante una emergencia.

COLEGIOS CON RIESGO DE COLAPSO

La vulnerabilidad también alcanza a la infraestructura educativa. Según información del Ministerio de Educación (MINEDU), casi 27 mil locales educativos públicos necesitan ser reemplazados debido a que más del 70% de su área techada se encuentra en riesgo de colapso.

De ese total, el 56% está ubicado en distritos con riesgo alto o muy alto de inundación por lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. En estos establecimientos estudian más de 870 mil alumnos, equivalentes al 71,5% de los escolares que asisten a locales educativos que requieren reemplazo.

La combinación de infraestructura deteriorada y exposición a inundaciones representa un peligro para estudiantes, docentes y trabajadores, además de comprometer la continuidad del servicio educativo. Una emergencia podría obligar a suspender las clases y dejar a miles de escolares sin espacios adecuados para continuar su formación.

Las comisarías tampoco presentan condiciones suficientes para afrontar situaciones de emergencia. Estos establecimientos deben mantener sus servicios durante inundaciones, huaicos y otros desastres, pero su infraestructura muestra un deterioro progresivo.

Según el Censo Nacional de Comisarías y datos del Ministerio del Interior, en 2024 solo el 29,5% de las comisarías básicas tenía paredes, pisos y techos en buen estado. La proporción era de 43,2% en 2019, lo que evidencia un retroceso en las condiciones físicas de estos locales. En Madre de Dios, Ucayali y Amazonas, el indicador cae a aproximadamente 15%.

CARRETERAS EN RIESGO DE INUNDACIONES Y HUAICOS

Otro punto crítico es la red vial, indispensable para trasladar alimentos, medicamentos, personal de emergencia y ayuda humanitaria cuando ocurren desastres.

El CENEPRED identifica más de 30 mil kilómetros de carreteras asfaltadas y afirmadas ubicadas en distritos con riesgo alto o muy alto de inundación por lluvias intensas asociadas al Fenómeno de El Niño. Esta extensión representa el 48% de la red vial de estas características en el país.

A este escenario se suma la exposición a otros peligros: el 33% de las vías está en zonas vulnerables a huaicos y deslizamientos, mientras que el 13% enfrenta ambos riesgos.

La situación se agrava por el deterioro de las carreteras. De acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dos de cada tres kilómetros de la red vial nacional, equivalentes al 66%, se encuentran en malas condiciones y requieren pavimentación, afirmado o mejoramiento.

En consecuencia, una parte importante de las vías podría quedar interrumpida incluso ante precipitaciones que no alcancen niveles extraordinarios, debido a las deficiencias que ya presenta su infraestructura.

La costa norte concentra una exposición todavía mayor. Allí, el 61% de las carreteras asfaltadas y afirmadas está en distritos con riesgo alto o muy alto de inundación, mientras que el 80% de la red vial presenta malas condiciones. Los departamentos de Piura y Lambayeque registran indicadores superiores al promedio nacional.

AGUA Y DRENAJE: OTRAS BRECHAS

Las deficiencias también comprometen el abastecimiento de agua potable. El IPE advierte que, ante un terremoto de magnitud 8.8, escenario utilizado por el CENEPRED para evaluar los riesgos en Lima, las tres plantas de SEDAPAL que potabilizan el agua del río Rímac —Atarjea 1, Atarjea 2 y Huachipa— se encuentran en zonas de riesgo alto o muy alto de sufrir daños.

La situación es delicada porque aproximadamente el 80% del agua potable de Lima y Callao proviene de este río. Además, más del 90% de las tuberías principales y secundarias que distribuyen el recurso desde las plantas hacia los distritos atraviesan zonas con niveles elevados de riesgo.

En la costa norte, el problema está relacionado con el deterioro de las redes de saneamiento. Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), durante 2025 las empresas prestadoras de servicios de saneamiento registraron, en promedio, 0.36 roturas de tuberías de agua y 2.4 atoros en las redes de desagüe por cada kilómetro.

En las empresas prestadoras de la costa norte, los indicadores aumentaron a 0.55 roturas y 4.3 atoros por kilómetro de red. Lambayeque presenta el escenario más complicado, con 1.2 roturas y 8.2 atoros por kilómetro, cifras que superan en más de tres veces los promedios nacionales.

A estas deficiencias se suma la limitada capacidad de las ciudades para evacuar el agua de las precipitaciones. Según los cálculos del IPE, a septiembre de 2026, de los 534 proyectos de drenaje pluvial registrados en el país, 329 estaban abandonados o paralizados. Esto representa el 61,6% del total.

En la macrorregión norte, la situación es más grave: el 73,5% de los proyectos de drenaje pluvial se encontraba abandonado o paralizado, la proporción más elevada entre las macrorregiones.

Para el IPE, estas cifras muestran que el país mantiene importantes brechas de infraestructura que incrementan los daños potenciales ante fenómenos naturales. La exposición de millones de personas no solo responde a la ubicación de sus viviendas, sino también a la falta de mantenimiento, la precariedad de las construcciones y la demora en ejecutar proyectos destinados a reducir riesgos.

Entre las medidas prioritarias se plantea reactivar las obras de drenaje pluvial y prevención, mejorar las carreteras vulnerables, intervenir las redes de agua y desagüe deterioradas y atender los locales educativos que presentan riesgo de colapso.

El instituto también considera necesario impulsar una política sostenida de prevención, con inversiones oportunas y mantenimiento permanente de la infraestructura. Para ello, propone aprovechar mecanismos de financiamiento y ejecución como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI).