La Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Arequipa logró una condena de 20 años de prisión efectiva contra David L. J., quien fue hallado responsable del delito de violación sexual en agravio de una joven de 24 años. El hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2023, cuando el acusado se desempeñaba como taxista en la ciudad.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, aproximadamente a las 19:00 horas, la víctima abordó el vehículo en inmediaciones de la avenida Vidaurrazaga, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, con dirección a Mariano Melgar. La joven había asistido previamente al cumpleaños de una amiga.

Durante el trayecto, la pasajera se quedó dormida, circunstancia que fue aprovechada por el conductor para modificar la ruta y trasladarla hacia un terreno descampado, donde perpetró la agresión sexual.

Posteriormente, cuando ambos se encontraban por inmediaciones de la avenida Venezuela, el taxista exigió a la joven que descendiera del vehículo, argumentando que no quería pagar el servicio. En ese momento, la víctima recibió auxilio de agentes de serenazgo, quienes intervinieron en la situación.

La fiscal adjunta provincial Katherine Cáceres Miranda estuvo a cargo de la investigación y presentó durante el juicio diversos elementos probatorios que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado.

Entre las pruebas figuraron el testimonio de la agraviada, las declaraciones de los agentes de serenazgo y efectivos policiales que participaron en la intervención, además de otras testimoniales y pericias que respaldaron la acusación fiscal.

El Poder Judicial impuso al acusado 20 años de pena privativa de libertad efectiva, cuya ejecución se concretará cuando la sentencia sea confirmada en segunda instancia.

Mientras tanto, el sentenciado deberá cumplir determinadas reglas de conducta, entre ellas acudir mensualmente ante el juzgado, no cambiar de domicilio ni ausentarse sin autorización judicial y permanecer impedido de salir del país. El incumplimiento de estas obligaciones podría ocasionar su ingreso inmediato a un establecimiento penitenciario.

La resolución judicial también establece el pago de 15 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima, en compensación por los daños morales y psicológicos ocasionados.

Asimismo, dispone su inhabilitación para ejercer como docente o desempeñar funciones vinculadas con la enseñanza, cuidado, vigilancia o atención de menores de edad y estudiantes de educación superior.