PROTESTA DE 72 HORAS

Alcaldesa Oscco pide intervención policial

ante posible paro de transportistas.

Alcaldesa de Arequipa solicitó acciones de la Policía Nacional y la Fiscalía de Prevención del Delito ante una eventual paralización de 72 horas. Advirtió que los escolares serían los principales perjudicados y cuestionó los cobros de hasta S/ 3.50 en algunas rutas urbanas.

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La alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Oscco Polar, solicitó a la Policía Nacional y la Fiscalía de Prevención del Delito adoptar medidas ante la posibilidad de que las empresas del Sistema Integrado de Transporte (SIT) se sumen al paro nacional de 72 horas, previsto para el 16, 17 y 18 de noviembre. La autoridad rechazó una eventual suspensión del servicio y pidió prevenir afectaciones a la población.

Oscco sostuvo que una nueva paralización perjudicaría principalmente a miles de escolares que dependen del transporte público para trasladarse a sus instituciones educativas. Recordó las dificultades ocasionadas por anteriores protestas y advirtió que algunos colegios vienen adelantando sus actividades académicas ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño, por lo que consideró inoportuna otra interrupción del servicio.

La alcaldesa dirigió su llamado a las autoridades policiales y fiscales para que intervengan preventivamente frente a posibles incidentes durante la protesta. Aunque pidió acciones contra una eventual paralización, no precisó sanciones específicas ni conductas que debieran ser castigadas. Asimismo, anunció coordinaciones con la Gerencia de Transportes para evaluar medidas que permitan reducir las consecuencias de una suspensión del servicio urbano.

La controversia surge tras la convocatoria de la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, que anunció una protesta nacional por el encarecimiento del diésel y la falta de respuestas del Gobierno. Su representante, Martín Ojeda, estimó que alrededor de 20 mil transportistas podrían participar. El gremio también exige medidas contra la informalidad y soluciones a sus problemas económicos.

En Arequipa, representantes del transporte de carga pesada, interprovincial y urbano han evaluado sumarse a la medida de fuerza. Sin embargo, Oscco aseguró que las concesionarias del SIT todavía no habían comunicado formalmente su participación. Precisó que las empresas mantienen conversaciones con la Gerencia de Transportes, mientras continúa pendiente una solución a las discrepancias sobre las tarifas y los costos operativos.

La autoridad reconoció el incremento del precio de los combustibles, pero cuestionó que algunos transportistas utilicen este argumento para justificar mayores pasajes. Denunció que determinadas unidades cobran entre S/ 2 y S/ 2.50 después de las 20:00 horas, mientras que en sectores como Uchumayo y El Cural las tarifas alcanzarían S/ 3.50. Según afirmó, usuarios han presentado fotografías de estos cobros.

Los operadores defienden el cobro de S/ 1.30 y sostienen que el encarecimiento del combustible compromete la sostenibilidad del servicio. La comuna, en cambio, mantiene su posición favorable a la tarifa de S/ 1, mientras continúan las conversaciones para resolver el conflicto.

Otro reclamo de los transportistas está relacionado con la competencia de vehículos informales que operan en diferentes sectores de la ciudad. Frente a estas críticas, Oscco aseguró que la municipalidad desarrolla operativos contra las denominadas loncheritas y otras unidades no autorizadas.

Para abordar las dificultades del transporte urbano, la alcaldesa anunció una reunión el martes 10 de noviembre en Lima con representantes de Promovilidad y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Indicó que acudirá acompañada del gerente de Transportes para buscar alternativas frente al incremento de los costos operativos. Sin embargo, descartó comprometer un subsidio para las concesionarias privadas y planteó evaluar otras opciones de apoyo.

RESALTAR

Mientras se aproxima la fecha de la protesta nacional, la posible adhesión del transporte urbano de Arequipa permanece sin confirmación formal ante la comuna provincial. La alcaldesa reiteró su pedido de intervención preventiva a la Policía y la Fiscalía, mientras las empresas continúan negociando sus demandas. El conflicto mantiene pendientes dos asuntos centrales: la definición de las tarifas y las medidas frente al encarecimiento de los combustibles.