Las amenazas contra el director del Establecimiento Penitenciario de Socabaya y el jefe de seguridad del recinto activaron las investigaciones de la Policía Nacional y pusieron nuevamente bajo cuestionamiento el control interno de las cárceles. La DIVINCRI recibió las denuncias de ambos funcionarios y busca identificar a los responsables, además de esclarecer posibles irregularidades dentro del penal.

El jefe de la DIVINCRI, coronel PNP Percy Torres, informó que las intimidaciones estarían relacionadas con una disputa entre facciones delincuenciales que operan dentro del establecimiento penitenciario. Una de ellas estaría encabezada por un interno conocido con el alias de “El Choclo”.

Según las primeras indagaciones policiales, detrás de las amenazas podrían encontrarse delincuentes que fueron trasladados hace algunos meses al penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco. Pese a encontrarse fuera de Arequipa, estos internos habrían coordinado acciones para afectar a la facción rival que permanece en Socabaya.

Sin embargo, la investigación no se limita a las amenazas. La Policía también busca determinar si algunos trabajadores del establecimiento penitenciario estarían involucrados en presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción que facilitarían las actividades de las organizaciones criminales.

“Ya hemos recibido las denuncias del director del penal y del jefe de seguridad en la DIVINCRI. Se están realizando las investigaciones respectivas para encontrar a los responsables, pero también se investigan las irregularidades que se estarían registrando dentro del penal”, declaró el coronel Torres.

El caso se conoce en medio de cambios en la conducción del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El nuevo jefe de la institución fue presentado el miércoles en las instalaciones de la entidad, ubicadas en el Cercado de Arequipa. No obstante, evitó brindar declaraciones a la prensa cuando fue consultado sobre la situación del penal de Socabaya.

Las investigaciones policiales deberán establecer el origen de las amenazas, la participación de posibles intermediarios y si existe una red de trabajadores penitenciarios vinculada a las disputas entre internos. Por ahora, las presuntas conexiones de funcionarios y las responsabilidades individuales permanecen bajo investigación.