El premier Luis Galarreta destacó la promulgación del decreto legislativo que autoriza la participación militar en el control de las prisiones. La medida también busca cortar las comunicaciones de las organizaciones criminales con el exterior.

Las Fuerzas Armadas se incorporarán a las acciones de recuperación del orden en los establecimientos penitenciarios del país y contribuirán a impedir el ingreso de objetos prohibidos, como parte de una nueva estrategia del Gobierno para reforzar la seguridad en las cárceles.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó la promulgación del decreto legislativo que autoriza la participación de las instituciones militares en la seguridad externa de los penales. Según explicó, esta disposición permitirá fortalecer el control de los establecimientos penitenciarios y enfrentar las actividades delictivas que se coordinan desde el interior de las prisiones.

El jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que uno de los principales objetivos será cortar las conexiones que mantienen los internos vinculados a organizaciones criminales con personas del exterior. Estas redes facilitan la continuidad de actividades ilícitas y dificultan el control efectivo de las autoridades penitenciarias.

“Prometimos un uso firme y contundente de las facultades legislativas y este primer decreto lo demuestra”, manifestó Galarreta al referirse a la nueva disposición.

SEGURIDAD PENITENCIARIA

La participación de las Fuerzas Armadas estará orientada a reforzar la vigilancia externa de los establecimientos penitenciarios, mientras las autoridades buscan impedir que continúe el ingreso de elementos prohibidos que pueden facilitar la comisión de delitos desde las cárceles.

La medida forma parte de las acciones anunciadas por el Ejecutivo para recuperar el principio de autoridad en los penales y reducir la capacidad de operación de las organizaciones criminales.

El decreto legislativo representa una nueva intervención del Gobierno en materia de seguridad penitenciaria, en un contexto de preocupación por las comunicaciones ilegales y las actividades delictivas que se organizan desde los establecimientos carcelarios.