SOAT BAJO SOSPECHA: ACCIDENTES DEJAN MÁS DE 2 MIL HERIDOS EN 2026

Aseguradoras cuestionan incapacidades

y dilatan indeminizaciones a víctimas    

 Accidentes de tránsito aumentan considerablemente en los últimos años en todo el país.

Artículo 31 del reglamento y tabla de días mínimos de incapacidad se han convertido en mecanismos restrictivos para retrasar el pago de compensaciones. Accidentados que presentan historias clínicas, informes operatorios y certificados médicos terminan enfrentando nuevas evaluaciones, mientras la controversia económica recae sobre quienes deberían recibir protección.

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El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) fue creado para proteger a las víctimas, garantizar su atención y brindarles una compensación económica por las consecuencias de un accidente. Sin embargo, una problemática identificada en expedientes de agraviados revela que este mecanismo de protección podría estar convirtiéndose en una carrera de obstáculos cuando llega el momento de reconocer y pagar las indemnizaciones por incapacidad temporal.

Entre enero y octubre de 2026, Arequipa registró 2 180 personas heridas en accidentes de tránsito, según información del Minsa. La cifra evidencia la magnitud del problema y la cantidad de víctimas que pueden requerir atención médica e indemnizaciones.

El cuestionamiento apunta a determinadas prácticas de las compañías aseguradoras que, mediante interpretaciones restrictivas del artículo 31 del Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC y de la Resolución Ministerial N.º 400-2022-MINSA, estarían cuestionando los períodos de incapacidad establecidos por los médicos tratantes y derivando los casos al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

La controversia no gira en torno a la legalidad de la evaluación médica especializada, sino al posible uso reiterado de este mecanismo como instrumento de dilación. Detrás de cada expediente hay una persona lesionada, que puede haber perdido temporalmente su capacidad de trabajar, enfrenta gastos familiares y necesita una indemnización para afrontar las consecuencias del accidente.

EL ARTÍCULO 31: ¿MECANISMO DE EVALUACIÓN O TRABA PARA COBRAR?

El artículo 31 del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito establece que la naturaleza y el grado de invalidez o incapacidad deben ser determinados por el médico tratante. Cuando existe desacuerdo de la compañía aseguradora, del contratante o de la propia víctima, la discrepancia puede someterse al Instituto Nacional de Rehabilitación.

La disposición tiene una finalidad legítima: permitir que una entidad especializada intervenga cuando existe una controversia médica. El problema aparece cuando esta facultad, concebida para resolver diferencias reales, se convierte presuntamente en una práctica habitual para cuestionar los certificados de incapacidad.

Según los casos a los que tuvo acceso diario El Pueblo, el procedimiento se repite: la víctima presenta su solicitud de indemnización acompañada de epicrisis, historia clínica, informes de emergencia, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, informes operatorios y certificados médicos que acreditan sus lesiones y tratamiento.

En numerosos casos, la aseguradora ya habría reconocido el accidente y asumido los gastos de atención médica. Por tanto, dispone de antecedentes clínicos sobre la naturaleza y gravedad de las lesiones. No obstante, cuando el agraviado solicita la indemnización por incapacidad temporal, la compañía cuestiona el número de días determinados por el médico tratante y declara la existencia de una discrepancia. El expediente es derivado al INR y la víctima debe afrontar un procedimiento adicional para obtener el reconocimiento de la prestación económica.

La facultad de las aseguradoras para discrepar no debería convertirse en una herramienta arbitraria. Una controversia médica exige razones concretas, verificables y relacionadas con la condición clínica del paciente, sostienen expertos en derecho de indemnizaciones y defensa de víctimas de accidentes de tránsito, sostiene la experta, doctora Yovanna Sumire.

LA TABLA REFERENCIAL

Otro punto crítico está relacionado con la Resolución Ministerial N.º 400-2022-MINSA, publicada el 1 de junio de 2022, que aprobó la denominada “Tabla referencial de valoración mínima de días de incapacidad temporal por accidente de tránsito”.

La norma fue concebida para establecer criterios técnicos uniformes en la valoración de las incapacidades. Sin embargo, el informe advierte que algunas compañías estarían aplicando sus parámetros como si fueran límites máximos de días indemnizables. Esta interpretación constituye uno de los aspectos más delicados y que van en contra de las víctimas de accidentes de tránsito.

La tabla establece valores mínimos referenciales, no necesariamente máximos. Por ello, una lesión que requiere un período de recuperación superior al consignado en la referencia no debería ser evaluada únicamente mediante una aplicación mecánica de sus parámetros, sino considerando las condiciones clínicas particulares del paciente.

El informe plantea un ejemplo revelador: una víctima con fracturas, intervención quirúrgica, hospitalización y rehabilitación recibe del médico tratante un certificado de 90 días de incapacidad, sustentado en su evolución clínica. La aseguradora, en cambio, considera que conforme a la tabla referencial corresponderían solamente 10 días. La diferencia provoca una controversia y la derivación al INR.

El problema no consiste en que la compañía verifique la documentación, sino en que una referencia mínima podría estar siendo utilizada como argumento restrictivo para desconocer períodos de recuperación más prolongados, sin una evaluación suficientemente individualizada.

Una tabla técnica no puede sustituir el análisis médico de cada persona. La gravedad de las lesiones, las complicaciones, las intervenciones y la evolución del paciente son elementos que deben ser considerados.

EL COSTO DE LA DISCREPANCIA LO ASUME EL ACCIDENTADO

La situación adquiere mayor gravedad cuando las víctimas residen fuera de Lima. La derivación a una evaluación especializada puede representar dificultades de traslado, gastos adicionales y complicaciones físicas para personas que todavía se encuentran en recuperación.

En estos escenarios, la controversia entre la aseguradora y el médico tratante deja de ser un asunto exclusivamente administrativo. Se convierte en una carga económica y personal para el agraviado.

El accidentado puede enfrentar simultáneamente la pérdida de ingresos, los gastos de rehabilitación, las necesidades de su familia y la incertidumbre sobre el pago de una indemnización que forma parte de la cobertura obligatoria.

La protección que debía brindar el SOAT queda así cuestionada cuando el acceso a una prestación económica termina dependiendo de procedimientos adicionales que podrían , prolongarse.

Es decir, cuando carecen de justificación médica suficiente, podrían comprometer derechos vinculados a la salud, la integridad personal, la dignidad humana y la protección del consumidor.

La Constitución, en sus artículos 1, 2 inciso 1, 7 y 65, reconoce principios relacionados con la dignidad, la integridad, la salud y la defensa de los consumidores. Asimismo, los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N.º 29571, establecen disposiciones sobre idoneidad y responsabilidad de los proveedores.

RESALTAR

Frente a esta situación,  la abogada Yovanna Sumire anuncia el inicio de acciones legales mediante la presentación de diversas denuncias individuales ante Indecopi, con el propósito de que se evalúen las vulneraciones de los derechos de los consumidores y las actuaciones de las compañías aseguradoras.Asimismo, promoverá una iniciativa de alcance institucional y legislativo, con el respaldo del Colegio de Abogados, orientada a revisar las normas y procedimientos que podrían estar limitando el acceso efectivo de las víctimas a las indemnizaciones del SOAT.