Desde el Consejo Regional de Arequipa (CRA) anunciaron que iniciarán un proceso de investigación sobre la elección de un mismo consorcio para elaborar los expedientes de saldo de obra para los hospitales Camaná y Maritza Campos. Ante los indicios de una posible sobrevaloración de los costos del servicio y un presunto direccionamiento en la elección de las empresas involucradas en este procedimiento. 

De acuerdo al Gore Arequipa, el servicio de consultoría para la elaboración de los expedientes de saldo de obra para el hospital de Camaná está valorizado en S/ 2 millones 994 mil y se adjudicó –mediante contratación directa– al ‘Consorcio Camaná’; que está integrado por las empresas Sánchez Orneros Gómez Antonio y Juan Carlos Lima Leandres. Este proveedor también debe elaborar el expediente de saldo de obra para el Maritza Campos. El trabajo tiene un costo de casi S/4 millones.

«Desde el gobierno regional se han demorado tantos meses para elegir a las empresas que se encarguen de estos servicios, pero se designa a la misma; lo que es altamente cuestionable. No es posible que con todos los antecedentes y los cuestionamientos previos, ahora se busque repetir el mismo error. Algo que no se debe permitir y requiere una investigación», indican voceros del CR.

Ante una posibilidad de direccionamiento y debido a que ambos montos superan los S/2 millones del costo proyectado, desde el Consejo Regional de Arequipa se informó que se pedirá la intervención de la Contraloría Regional. Aunque aún no es posible hablar de una falta, existe una presunción razonable que amerita investigación de parte del Ejecutivo regional y otras entidades fiscalizadoras. Misma que fue planteada durante la última sesión ordinaria del consejo regional. 

Aparentemente no habría mucho interés de parte de empresas del sector privado por realizar los expedientes de saldo de obra en los centros de Salud paralizados dado que existen diversas complicaciones involucradas en procesos previos.

Estos procedimientos deberán respetar los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República para lograr el destrabe de proyectos.